La Salud Mental en la era macrista

Las primeras medidas del Gobierno de Macri en el campo de la Salud Mental confirman el pronóstico de no pocos en relación a sus políticas de Estado frente a “lo público” (Salud, Educación). En los primeros días de marzo, el flamante Director Nacional de Salud Mental Andy Blake, procedió a “prescindir” de las tareas profesionales y asistenciales de casi medio centenar de trabajadores de su área, precedido por el desmantelamiento de 123 equipos territoriales de distintos Programas dependientes de la Dirección, al momento de la asunción de Macri como Presidente de la Nación. Los despidos resueltos por Blake se produjeron en el marco de una oleada de “bajas” de contratos de locación y convenios con Universidades Nacionales en el Ministerio de Salud de la Nación (y en la mayoría de las dependencias ministeriales del Estado Nacional).

El flamante Gobierno de Macri, al igual que en prácticamente la totalidad de los diversos programas del sector público, se ha propuesto la literal liquidación de todo lo precarizado por el Gobierno kirchnerista en lo concerniente a políticas públicas en Salud Mental, tanto en términos de dispositivos alternativos y abordajes comunitarios, como así también de las propias condiciones laborales de los distintos profesionales (especialmente en el Nivel de Atención Primaria de “territorio”) intervinientes.

A pesar de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, su reglamentación y la consiguiente presentación del Plan Nacional de Salud Mental (ambas en 2013), el gobierno anterior, lejos de haber promovido y consumado una transformación en el campo de la Salud Pública y Mental, abonó el terreno para la liquidación que el macrismo se apresta a efectivizar: los pocos equipos interdisciplinarios y dispositivos comunitarios o “en territorio” en el Nivel de Atención Primaria, dependientes de programas ministeriales, realizaron en todos estos años sus tareas en condiciones de extrema precarización (alquiler de “trailers” para barrios en lugar de construcción de Centros de Salud Comunitaria, profesionales y trabajadores de distintas disciplinas monotributistas, contratados o conveniados con Universidades Nacionales, etc.); no se realizaron inversiones públicas a nivel nacional, provincial o municipal para la apertura de nuevos servicios de “internación breve” en salud mental en hospitales generales o polivalentes y la inmensa mayoría de efectores o dispositivos de reinserción o “rehabilitación” (Casas de Medio Camino, Residencias Protegidas, Centros de Día, etc.) intervinientes en programas públicos fueron subcontratados o tercerizados por la administración pública al sector privado o semiprivado (obras sociales, Fundaciones, ONGs). En todos estos años, lejos de acotarse el poder hegemónico de las “corporaciones médicas” y su lobby (laboratorios, pulpos farmacéuticos, medicina privada) en el campo de la Salud Mental, se incrementó.

Resulta ser que el desmantelamiento macrista de los dispositivos primarios y los equipos interdisciplinarios (que reiteramos, venían desarrollando sus tareas en condiciones de extrema precarización) dependientes de la Dirección Nacional de Salud Mental abrirá la instancia para profundizar el ajuste en el campo de la Salud Pública y a nuevos negociados de prestaciones y tercerizaciones del Estado. El propio Blake se pronunció como proclive a las “neurociencias” lo cual, por fuera de cualquier debate sobre “paradigmas” en el campo profesional o teórico, seguramente potenciará el negocio de los laboratorios y sus contratos con el sector público (que ya venía siendo por demás suculento durante los años de gestión ministerial del actual gobernador tucumano José Manzur).

La perspectiva del campo de la Salud Pública y Mental es por demás preocupante. En primera instancia, en relación al cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, Blake ya dejó soslayado que dejará librada a las autoridades provinciales y municipales la aplicación de las principales medidas contenidas en la Ley y su reglamentación. La contradicción insalvable -que oportunamente al momento de la reglamentación señaláramos- es que es la propia Ley 26.657 la que otorga potestad a los gobiernos locales -que en casi su totalidad frente al cuadro general del país están aplicando un ajuste fiscal con masivos despidos en casi todas las provincias- para avanzar en desmantelar programas comunitarios y promover negociados a través de subcontrataciones.

La perspectiva de profundizar la precarización en efectores y dispositivos públicos (en los tres niveles de salud) de los años anteriores lleva a que, lejos de marchar hacia una transformación en el campo de la Salud Pública y Mental (desinstitucionalización, desmanicomializacion) el derrotero se presente con más ajuste, precarización, desmantelamiento de la red hospitalaria (colapsada hace años) y negociados para el sector privado de la salud.

Psicólogos En Frente (PEF) llama a todos los trabajadores y profesionales de la Salud Pública y Mental a luchar contra la profundización macrista del ajuste y a defender los derechos de usuarios, trabajadores y profesionales en peligro por el avance de estas políticas.

¡Por una transformación y desinstitucionalización en el Campo de la Salud Mental bajo un único Sistema Público, Universal y Gratuito!