GOBIERNO ABIERTO

El término Gobierno Abierto, está teniendo actualmente un gran impacto en los gobiernos democráticos. Los principios que lo sustentan, son transparencia, participación y colaboración. El mecanismo que lo desarrolla, son las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( los llamados TIC), así como las diferentes iniciativas implementadas por los gobiernos como portales de transparencia, “open data o datos abiertos” o el fomento de la participación ciudadana, e institucional entre otras. La crisis de legitimidad de los gobiernos, las administraciones públicas e Instituciones de salud, ha supuesto un gran impulso para implementar ideas de gobierno abierto en la actualidad.

El fortalecimiento de las tecnologías, como la psicología de investigación, son herramientas de participación y la evidente necesidad de planes y metas de los profesionales claros y medibles, son algunos de los temas más relevantes a analizar, potenciados por el contexto actual.

La ciudadanía desempeña un papel fundamental en la promoción de las instituciones públicas y en posibilitar que sean más transparentes, responsables y efectivas, así como en aportar soluciones innovadoras a los complejos desafíos del desarrollo. Por eso es fundamental que las instituciones que se dedican a la psicología de la investigación, aporten cada vez más pruebas que confirmen que, en las condiciones adecuadas, la participación investigativa puede ayudar a los gobiernos a mejorar los resultados en el ámbito del desarrollo. En el contexto del marco estratégico para integrar la participación institucional, se incluye una revisión exhaustiva de los estudios existentes en los que se han hallado vínculos positivos entre la participación ciudadana y la mejora de la prestación de servicios públicos, la gestión de las finanzas públicas, el buen gobierno, la inclusión social y el empoderamiento.

El ejercicio del Gobierno Abierto, ha planteado varios retos y en este nuevo escenario una de las necesidades más claras, es contar con información y metas además de permitir dar seguimiento a las factibilidades adquiridas, sean el resultado de un ejercicio de co-creación, que brinde legitimidad y garantice respuestas a las necesidades que se presenten.

El acceso a la información constituye un insumo crítico en la implementación participativa de políticas, propias del Gobierno Abierto. En principio, una experiencia exitosa depende centralmente de que se haya determinado a tiempo cuán claros son los resultados y las metas a lograr por las partes y cuál es el conocimiento disponible acerca del problema y sus posibles soluciones. Al hacer referencia al concepto de información, corresponde distinguir entre datos y conocimiento. Sólo la conversión de datos y de éstos en conocimiento, es imprescindible para generar los cambios técnicos y políticos y así impulsar los cursos de acción.

Esas conclusiones requeridas, deben guardar proporción con la dimensión del fenómeno que pretende ser abarcado o explicado mediante su acopio y sistematización. No se necesita conocer exhaustivamente los antecedentes de una cuestión, para poder actuar o tomar una decisión. Existe un “principio de ignorancia óptima” según el cual, saturado un cierto canal de comunicación, no vale la pena continuar cargándolo de datos. Lo que verdaderamente importa es que dichas conclusiones reunidas y sistematizadas, sean relevantes y suficientes para describir, explicar, anticipar o actuar sobre el fenómeno que demanda la atención.

Ahora bien, como los planos de participación de la ciudadanía, los tiempos de la gestión involucrados, la naturaleza y envergadura de los actores y los resultados que se quieren alcanzar varían en cada caso, son igualmente múltiples y heterogéneas las fuentes de información y los canales de transmisión que pueden requerirse en la práctica. Las instituciones en psicología que se dedican a la investigación, tienen la dificultad de no dar información sobre sus conclusiones.

Una característica típica de las fuentes de datos, es que éstos casi nunca sirven en forma directa para dar cuenta de un resultado o producir un insumo de información relevante. Esta restricción ha llevado a que, crecientemente, se desarrollaran técnicas de la llamada recopilación de datos, mediante las cuales pueden explorarse grandes bases de los mismos, de manera automática o semiautomática, a fin de hallar configuraciones, patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de éstos en un determinado contexto. La extracción de datos intenta hacer inteligible un gran repositorio de los mismos, para lo cual emplea técnicas estadísticas, análisis y otros métodos que interceptan con la inteligencia artificial y las interpretaciones humanas (según lo describen Witten, Frank y Hall, en su publicación de 2011).

Las aplicaciones prácticas de estas técnicas son todavía incipientes y, por lo general, se han orientado a la bioinformática, la genética, la medicina, la educación o las conductas humanas; a la detección de preferencias de los consumidores o al descubrimiento de violaciones a los derechos humanos a partir de registros legales fraudulentos o inválidos en agencias gubernamentales.

Por su carácter altamente especializado, la búsqueda de datos es costosa, requiere procesar enormes cantidades de los mismos y, por lo tanto, debe ser llevada a cabo por alguien (una universidad, un medio de prensa, una empresa especializada, una agencia gubernamental, una escuela de psicología, una ONG) con la capacidad técnica para ello, aunque no necesariamente sea la que produzca o demande dichos datos.

A menudo son verdaderos “intermediarios” los que cumplen, precisamente, el rol de transformar ese material en información y ésta, en conocimiento. En tal sentido, pueden constituirse en aliados fundamentales de la ciudadanía, en la medida en que ésta no disponga de los medios técnicos o materiales necesarios para elaborar indicadores sobre el logro de resultados, detectar patrones o efectuar mediciones. Sin embargo, la información que producen estos intermediarios, no siempre es veraz u objetiva.

Los medios de prensa pueden estar subordinados a grupos económicos o a partidos políticos de determinado signo, por lo que sus análisis e informes pueden ser tendenciosos o sesgados. Buen número de centros de estudios vinculados a organizaciones corporativas, empresariales o sindicales, son creados por estas instituciones para contrarrestar con estudios “propios”, propuestas legislativas o políticas públicas, planteadas por organismos estatales. Inclusive, varios sistemas de recopilación de datos, destinados a combatir el terrorismo, debieron ser discontinuados en países como los Estados Unidos, por violar la ética o la privacidad, aunque algunos continúan siendo financiados con otras denominaciones por distintas organizaciones.

Por ello, del lado de los ciudadanos de a pie, estas circunstancias crean mayor conciencia sobre el propósito de la recolección de información, el uso que se dará a la misma, quién la procesará y utilizará, las condiciones de seguridad que rodea su acceso y,  de qué modo se actualizará.

El terreno de la producción de información es, por lo tanto, un campo de lucha por la apropiación de conocimiento que resulte verosímil y pueda ganar legitimidad ante la ciudadanía como expresión objetiva de una situación real. En tal sentido, resulta destacable el papel que en principio podrían jugar las instituciones universitarias en la producción de investigaciones que, por desarrollarse en un contexto de mayor libertad académica y menores presiones externas, podrían garantizar una mayor objetividad, aun cuando su vinculación con la ciudadanía no haya sido hasta ahora muy relevante.

Conviene no perder de vista y reiterar que en este análisis no se está haciendo referencia a cualquier tipo de información, sino a aquella relativa a la gestión de políticas públicas. Y esta puede no necesariamente manifestarse bajo la forma de estudios, informes o análisis estadísticos. Un levantamiento popular, un paro general o una protesta localizada frente a una política estatal, pueden constituir manifestaciones inequívocas sobre el grado de rechazo de la ciudadanía a una toma de posición o un curso de acción del gobierno. Cuando la democracia está vigente, la ciudadanía suele hacer escuchar su voz a través de estas modalidades “informativas”.

Es la exacta antítesis de lo que ocurre cuando impera el autoritarismo, en que la sistemática aplicación de la coerción, acalla toda voz opositora y reduce así la eficacia que retroalimenta la gestión pública, que podrían tener los ciudadanos a través de sus críticas. De este modo, dicha coerción e información funcion en una relación inversa según la naturaleza del régimen político vigente. En los ejemplos que acaban de plantearse, es indudablemente la sociedad la que genera la información. Pero no siempre es claro dónde está la fuente o quién es el destinatario de ésta. Consideremos una base de datos en la que se registran las quejas de los ciudadanos, sobre la prestación de algún servicio público.

Esta base podría servir para que el organismo responsable diera respuesta puntual a cada denuncia. Pero también podría servir para que el organismo clasificara y procesara los datos, de manera de brindar información sobre tipos de usuarios, motivos de las quejas, respuestas gubernamentales. En este caso, ¿dónde estaría la fuente y cuál sería su destino? La información reunida y clasificada puede tener una aplicación muy distinta a la que se genera al realizar la queja.

Algo similar ocurre en las Audiencias Públicas, en que se registran posiciones de los ciudadanos y especialistas de la sociedad frente a una determinada cuestión problemática, las que una vez procesada se convierten en información producida en la interacción estado-sociedad. Por tanto, si la ciudadanía es fuente o destinataria de información para la implementación participativa de políticas parece no ser muy relevante. No sólo porque no siempre puede establecerse nítidamente quién la produce o aprovecha y a veces ello ocurre en la propia interacción entre ciudadanía y Estado, sino también porque al “no conocerse su origen”,  puede perder valor como recurso de poder y, de este modo, puede reducir la asimetría en su posesión. Dicho de otro modo, la coproducción informativa podría contribuir a un acceso más equitativo a la información y a una aplicación más democrática en su utilización.

Este tipo de comprobaciones no opacan el hecho de que los avances hacia la sociedad del acceso a datos han ampliado enormemente las posibilidades de generación de conocimiento en materia de gestión por resultados, tanto de la información que fluye desde el Estado hacia la sociedad como de la que lo hace en sentido inverso. Si desde la perspectiva de la relación, aceptamos que el Estado es agente de la sociedad y ésta su principal destinataria, corresponde que nos preguntemos qué debe conocer el principal y qué la gente.

Si la pregunta la planteamos desde el enfoque del rol que la sociedad encomienda al Estado, la respuesta debería apuntar a los resultados que derivan del desempeño de ese papel. Por lo tanto, el objeto de ese conocimiento debería ser la medida en que esos resultados, en última instancia, promueven o no el desarrollo integral de la sociedad, bajo condiciones de gobernabilidad y equidad.

Si bien esta respuesta es todavía vaga, nos señala la dirección de la búsqueda. El Estado debe conocer si los objetivos que se propuso alcanzar en la gestión del desarrollo fueron efectivamente alcanzados porque, cualquiera fuere el caso, debería rendir cuentas a la sociedad por su desempeño. Para la sociedad, la rendición de cuentas representa la base de datos esencial para juzgar si el contrato de conclusiones de la tarea investigativa y la difusión se ha cumplido, si corresponde o no renovarlo o si conviene probar con otros programas o con otros Centros de Investigación. Para el Estado, entonces, mejorar la información sobre sus resultados equivale a tornar más transparente su gestión y, en caso de haber producido los resultados propuestos, a legitimar su desempeño y a aspirar -si ello fuera posible o deseable- a renovar el mandato la tarea investigativa.

Por eso, todo esfuerzo que se realice para aumentar o mejorar la calidad de la información debería servir a una mejor evaluación del cumplimiento del contrato de gestión entre ciudadanía y Estado.

El Gobierno Abierto no es un fin en sí mismo sino que debe traducirse en la generación de valor público, es decir, en un mayor bienestar y prosperidad para la ciudadanía, en mejores servicios públicos y calidad de vida de las personas, en el subsidio de investigaciones a fin de una mejor calidad de vida, en el fortalecimiento de la democracia y de la confianza del ciudadano en la administración pública y el desarrollo efectivo de las máximas del bien común, el buen vivir y la felicidad de habitantes bajo una perspectiva de desarrollo sostenible, inclusión y respeto a la dignidad humana y la diversidad.

Los fines que procura este nuevo paradigma, implementan cambios que van desde lo  cultural que impulse una nueva ética en el servicio público, donde el cliente se transforma en ciudadano activo y el servidor público trasciende como un colaborador que agrega valor, hasta un cambio en los procesos de la administración pública, para alejarse de la tradición de una jerarquía burocrática que todo lo puede, y no todo resuelve. Instrumentar una política más horizontal que jerárquica, precisa de un cambio en la organización pública y replantear estrategias y objetivos, encaminados a lograr resultados de valor para el ciudadano.

Asimismo, se enlistan una serie de principios, como un conjunto de aperturas, principios de legitimidad democrática, de calidad del servicio público, de ética pública y de integridad, de transversalidad y coordinación interinstitucional, de inter-operabilidad, de eficacia y eficiencia, de responsabilidad y corresponsabilidad con la ciudadanía, de innovación y de inclusión.

En un Gobierno Abierto los datos deben ser fácilmente accesibles y éticamente aplicables (como por ejemplo la Ley de Salud Mental). Ello, promueve la innovación abierta dado que brinda insumos a los particulares para que, a partir de dichos datos, generen conocimientos nuevos.

Los datos abiertos son aquellos que se encuentran disponibles en cualquier formato para ser utilizados por la ciudadanía, ya sea participar, innovar o mejorar la eficiencia y la eficacia de lo pautado. Todo ello, con el fin que el habitante participe en la generación de nuevas ideas y soluciones, es decir co-crear con el Estado. Su colocación en formato abierto en un sitio web se convierte en una oportunidad para mejorar los servicios y promover el desarrollo, así como innovar, crear coaliciones, participar o fomentar la colaboración entre ciudadanos, sociedad civil, empresarios o el propio gobierno.

Estos pueden impulsar la relación ciudadano-gobierno para mejorar la toma de decisiones, estimular la innovación y eficacia de los servicios, la transparencia y la rendición de cuentas. Los datos abiertos no solo son necesarios para promover la participación ciudadana, sino también para que ésta sea más efectiva, posea instrumentos para opinar y promueva la innovación. La vinculación de los datos abiertos gubernamentales ofrece oportunidades para fiscalizar y monitorear la información pública, formarse opiniones respecto a un tema, lo que puede potencialmente promover la innovación y una mayor participación. Brindar servicios públicos de calidad, es el objetivo al que debe aspirar toda la administración pública.

Para lograrlo se requiere un cambio cultural en el mismo sentido que demanda la construcción de un Gobierno Abierto, que significa superar las estructuras burocráticas y rígidas por modelos dinámicos y flexibles. Una administración de calidad debe resolver de forma oportuna los requerimientos de la ciudadanía cumpliendo con las metas e indicadores previamente establecidos, reconociendo un proceso continuo que requiere una visión introspectiva para identificar las áreas de mejora y trabajar en ellas. Debe medirse en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo con metas preestablecidas alineadas con los fines y propósitos superiores, de acuerdo a resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad. La concepción de la calidad ha ido evolucionando e incorporando nuevos aspectos hasta conformar una aproximación holística e integradora de la gestión, donde cobran especial importancia todas las partes interesadas en sus diferentes formas de relación, así como la sostenibilidad y la corresponsabilidad social. Debe ser constantemente mejorada, buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir obtener resultados sostenibles, con tendencias crecientes de mejora, y que tales resultados se comparen favorablemente con los más destacados índices nacionales e internacionales.

César Antonio Ceresa Grafl

Abogado

Director de Gestión Documental del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Especialista en Gobierno Abierto