Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir

Entidades, Instituciones, como la Comunidad Homosexual Argentina o Editorial Topía son muy conocidas por la defensa a los Derechos Humanos y Civiles de la sociedad. No así grupos de varones de diferentes ideologías, vecinos, amigos, que se unen con un cometido común: combatir la violencia de género. Este año participan activamente grupos como: “Red Iberoamericana de Masculinidades”, “260 Hombres Contra el Machismo”, “Campaña Lazo Blanco”, “Varones Antipatriarcales por el Derecho al Aborto, Libre y Seguro”, “Varones por la Equidad” entre otros, donde reflexionan sobre masculinidad y plantean acciones concretas a favor de la equidad de género. Una de sus bases es considerar el aborto legal como una deuda de la democracia y afirman el compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Consideran imprescindible que el Congreso Nacional debata y sancione el proyecto Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentado con la firma de diputadas/os de un amplio arco político; porque ésta es una deuda que la democracia tiene, no solo con las mujeres, sino con toda la comunidad. La despenalización y legalización del aborto es un tema de justicia social, porque el aborto clandestino mal hecho, sin condiciones sanitarias adecuadas, pone en peligro la vida, la salud de las mujeres, entre las más afectadas: jóvenes y pobres. Condena a muerte, siendo la primera causa de Mortalidad Materna en Argentina. Consideran que la criminalización del aborto no impide su práctica, como lo demuestra la realización de alrededor de medio millón de interrupciones por año. La legalización no obliga a nadie a practicarlo, por el contrario, garantiza condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las que deciden interrumpir un embarazo, así como reconoce la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mismas para resolver el dilema de un embarazo no deseado y no ser sometidas a una maternidad forzada. Un Estado Laico y democrático debe garantizar la libertad y el respeto a las creencias de todas las personas y es su responsabilidad diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que focalice el derecho a la salud integral de toda la ciudadanía.

Entre otras propuestas de estos grupos de varones se enfatiza el estar comprometidos en la lucha por la equidad entre los géneros y conscientes de esto, visibilizar y denunciar cada una de las desigualdades existentes en el marco del sistema patriarcal, combatiéndolo y adhiriendo a la democratización del acceso a la información sobre el método correcto para un aborto seguro, como parte de la lucha por el derecho de toda mujer a la soberanía sobre su propio cuerpo. Enfatizan que el sistema patriarcal y sus instituciones (familia, escuela, iglesia, justicia, medios de comunicación), niegan constantemente la posibilidad de autodeterminación, legislando así sobre vidas, deseos y cuerpos. Las mujeres, pobres especialmente, son quienes más padecen estos mandatos, siendo criminalizadas y estigmatizadas cuando no desean continuar una gestación, corriendo peligro de muerte ante la situación de clandestinidad e inseguridad a las que son expuestas por un Estado que prioriza la falsa moral por sobre la salud pública. Los varones deben involucrarse activamente en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, apoyando las reivindicaciones históricas del movimiento feminista, con compromiso y responsabilidad, en la lucha activa y consciente por el igual acceso a los derechos por parte de todos y todas. Por cada mujer que aborta en la Argentina hay uno o más varones que como pareja, compañero, padre, hijo, amigo u otras relaciones afectivas, sufren por las consecuencias de la penalización y la clandestinidad del aborto a las que se ven sometidas las personas que aman.

Martha Rosenberg nos invita a reflexionar: “Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente, habrá que ver si está dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Habrá que ver si su presidenta, sus gobernantes y legisladores/as y su democracia están dispuestos a que los derechos humanos contemplen de una vez por todas las necesidades particulares de las humanas”.

Dicho de otra manera: cada mujer que muere por un aborto realizado en condiciones no idóneas, comienza como violencia de género y termina en femicidio.

Jorge Horacio Raíces Montero

Antropólogo - Licenciado en Psicología Clínica - Investigador en Sexualidad y Epistemología

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