Frente a la avanzada de la corporación médico-psiquiátrica contra la Ley Nacional de Salud Mental

En las últimas semanas han aparecido diversas notas periodísticas, radiales y televisivas, en relación a comunicados de asociaciones psiquiátricas, en particular, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos - APSA, que intentan falsear la realidad histórica y legal y así confundir a la comunidad, recurriendo a falaces argumentaciones en el marco de su histórica posición de oponerse a los lineamientos expresos en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Vale recordar, que este grupo corporativo y casi todo el espectro médico-psiquiátrico, en el marco del debate por la ley sancionada en el año 2010, no pudieron imponer ni convencer a los legisladores respecto de su retrógrada concepción manicomialista, hospitalocéntrica y medicalizadora. Este rotundo fracaso se verificó, lo que no es un dato menor, en que la ley se sancionara prácticamente por UNANIMIDAD de todos los bloques políticos en ambas cámaras legislativas, circunstancia que ocurre muy de vez en cuando para la sanción de leyes (sus intervenciones constan en las versiones taquigráficas de las Cámaras de Diputados y Senadores).

Los hospitales neuropsiquiátricos y colonias estatales son, mal que les pese a este nucleamiento corporativo, comprobadamente MANICOMIOS. Tal como se deduce de sus declaraciones, su estrategia, que apunta decididamente a seguir manteniéndolos, es encubridora de la verdadera intención: que la sustitución de las instituciones manicomiales públicas-estatales no alcance, tal cual lo establece la Ley 26.657, a las unidades de internación privadas (clínicas y las mal denominadas “comunidades terapéuticas”), las cuales les brindan a ese sector corporativo una gran rentabilidad como negocio privado, sólo accesible a un sector pudiente de la sociedad, constando además, que en algunas de las mismas también se vulneran los derechos de las personas internadas, configurándose como “petit manicomios 5 estrellas”. Por ello, también se oponen y obstaculizan la intervención de otra creación de la Ley, los Órganos de Revisión Nacional (y Provinciales), que tienen como misión, controlar las internaciones involuntarias en las instituciones públicas y privadas.

Particularmente, esta asociación de psiquiatras, APSA, hace gala de su poder político-económico (en gran parte solventado y apuntalado por los intereses de la industria farmacéutica) con una gran capacidad de lobby. Así, por ejemplo, lograron (pese a su manifiesta oposición a la ley), ser elegidos por la Dirección Nacional de Salud Mental, cuyo funcionario a cargo, el Lic. Luciano Grasso (del gobierno de Cambiemos), les habilitara el camino para ser integrantes del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, organismo creado a instancias de la misma ley para asesoramiento en su implementación. Resulta sumamente contradictorio y agraviante para quienes defendemos la plena implementación de la Ley que esta asociación que sistemáticamente se opone y denigra la legalidad vigente (lograda de forma participativa y democrática), integre un espacio consagrado a la ley… Al momento de esta comunicación, no se ha registrado un posicionamiento declarativo del Director Nacional de Salud Mental frente a esta nueva avanzada del poder médico-psiquiátrico, que como siempre aclaramos, no representa el sentir de muchísimos médicos-psiquiatras identificados con los lineamientos de la ley.

Debemos ser claros, defender el hospital público no debe confundirnos respecto de la defensa y sostén del manicomio, representado por múltiples intereses económicos, profesionales, gremiales y judiciales. En estas instituciones persiste el avasallamiento de los derechos de las personas internadas y además vale considerar, dilapidando recursos presupuestarios que deberían orientarse para la puesta en funcionamiento de los dispositivos destinados a sustituir la lógica asilar-manicomial imperante, esto es: internaciones breves en hospitales generales; casas de medio camino; residencias protegidas; hospitales de día y noche; emprendimientos sociales; guardias interdisciplinarias; dispositivos de atención domiciliarios y otros. Vale como ejemplo destacar que para este año 2019, se asignaron para los hospitales Borda y Moyano (CABA), más de mil millones de pesos para cada uno de ellos. Considerando que ambos efectores, cuentan hoy aproximadamente con 500 camas cada uno, una rápida estimación determina que se están destinando más de $ 220.000, por cama y por mes, para sostener este sistema de atención perimido e indigno. Con la cuarta parte de ese dinero invertido, se darían soluciones concretas y dignas para las personas internadas crónicamente durante décadas y quedarían recursos para invertir en mucho de lo que hay que hacer y mejorar para la atención de las personas con padecimientos mentales (incluido el mejoramiento salarial de los trabajadores). Tal como lo expresaba Franco Basaglia en el marco del proceso de desinstitucionalización en Trieste (Italia): los recursos deben destinarse a las personas y no a las instituciones.

Recordamos que las leyes de salud mental, tanto la 448 de CABA, como la 26.657 de Nación, no pudieron implementarse pese a los diferentes gobiernos, en conjunción y evidente complicidad del sector corporativo médico-psiquiátrico hegemónico. Así fue, que en su estrategia de oposición y bloqueo, este sector inclusive recurriera a la Justicia en la CABA para intentar declarar inconstitucional la Ley 448. En otro significativo fracaso, obtuvieron un resultado adverso a sus particulares intereses puestos en juego, entre los cuales se destacaba la de pretender configurarse como única disciplina regente en el proceso de atención, que indudablemente debe ser INTERDISCIPLINARIO.

También vale recordar, qué en el año 2017, gracias a su cogobierno en el área de Salud con la alianza neoliberal Cambiemos, sumaron otro fracaso, al intentar modificar de forma grosera la Reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, en clara contradicción con los lineamientos expresados en la norma. Este propósito ilegal e ilegítimo, también fue rechazado por el repudio y la gran movilización que se gestó, dando cuenta de la potencia colectiva que apuesta sin concesiones al cambio de paradigma propuesto en la Ley, esto es: superar el vigente modelo manicomial para pasar a un modelo comunitario de plenos derechos.

Que quede muy claro que el Movimiento en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, junto a otras organizaciones representativas de usuarios y familiares, comunitarias, académicas y de trabajadores y profesionales del campo de la salud mental, no claudicará y bregará en lograr los objetivos propuestos por la ley, que son ni más ni menos que los de garantizar todos los derechos de las personas que por los padecimientos mentales, requieren de ser atendidos de una forma digna y responsable.

¡NO A LOS MANICOMIOS ESTATALES Y PRIVADOS!!!

¡SI A LA SALUD MENTAL PÚBLICA, SIN EXCLUSIONES!!!

Movimiento En Defensa De La Ley Nacional De Salud Mental