La infancia como propiedad “Con mis hijos no te metas”

¿Por qué el lugar más peligroso para niños, niñas y adolescentes es la propia casa? Dos de cada tres agresiones sexuales contra ellos son perpetradas por personas del ámbito familiar, de mayor a menor en el porcentaje: padre, padrastro, tío, abuelo.

Esta pregunta nos resuena en particular a quienes trabajamos con adolescentes, etapa en la que se va transfiriendo la confianza adquirida en la propia familia, construida en la infancia, a la confianza en los pares y otros adultos del afuera familiar, lo cual posibilitará un desprendimiento saludable. En la observación clínica, en muchas familias en las que ocurre un abuso sexual intrafamiliar hay una proyección de ese interior peligroso hacia el afuera. Madres y padres no habilitan a que sus hijos e hijas adolescentes exploren el mundo que está afuera de la propia casa. La noción de propiedad de los hijos suele ser uno de los elementos más visibles: la prohibición de salir o tener intimidad con amigas y amigos, de interesarse por otros u otras, de tener novio/a, etc.

Esta idea de que el niño o niña son una propiedad de sus padres y por extensión de los adultos cercanos a ellos, está naturalizada a partir de años y años de una cultura patriarcal en que no eran considerados sujetos

La apropiación de niñas, niños y adolescentes

La apropiación por parte de los adultos criadores es la imposibilidad de reconocerlos como sujetos independientes que tienen sus propias necesidades y anhelos, que incide en que habitualmente esos niños, niñas y adolescentes no reconozcan si tienen gustos propios y preferencias. Tiene una gradación que va desde el dominio en el abuso sexual hasta formas más sutiles.

Esther Díaz trabaja las diferencias entre poder y dominio.1 El poder, como vector de fuerza, es bipolar, porque en toda fuerza activa está la posibilidad de reacción. Ella sostiene que cuando existe la posibilidad, aunque sea remota, de alguna reacción sin arriesgar la vida o la integridad, estamos en el campo de las relaciones de poder: en la lucha, en la oposición, en el enfrentamiento.

Pero si la relación es de dominio, sucede algo diferente. El poder está concentrado en uno de sus extremos. El vector de fuerzas tiene una sola dirección. No existe la posibilidad de reacción. Es el tipo de relación amo-esclavo. No hay interacción. Se obedece o se recibirá un castigo. La capacidad para otorgar una respuesta crítica no tiene cabida: secuestrados, prisioneros.

Esto también es aplicable para el tipo de vínculo que arma el abusador con el niño, niña o adolescente. La particularidad de este tipo de dominio es que en la mayoría de los casos no deja a la vista la violencia con la que opera. El abusador se va apropiando de las pulsiones de la niña, niño o adolescente, provocando que éstos sientan que participan subjetivamente, lo cual genera la culpa que muchísimas veces lleva a mantenerlo en secreto, y a no poder alejarse ni pedir ayuda. Pero en realidad se trata de una desubjetivación por parte del adulto.

Los cuerpos de los niños y niñas resultan una propiedad para adultos que incluso pueden “cazar” niños que están solos en una plaza o al alcance de su mano por ser vecinos. También para padres y madres que se apropian de sus cuerpos a través de la violencia física.

Esta idea de que el niño o niña es una propiedad de sus padres y por extensión de los adultos cercanos a ellos, está naturalizada a partir de años y años de una cultura patriarcal en que no eran considerados sujetos. Y si los padres no podían cuidarlos era un juez quien se hacía “dueño” de ellos para tutelarlos sobre todos los aspectos de su vida. Esa era la ley del patronato.

En nuestro país la Ley 26061 en 2005 puso fin al patronato de menores. Luego, a partir de 2015, a la luz del nuevo Código Civil y Comercial, desapareció toda mención a los procesos de protección de persona, quedando a cargo de los dispositivos administrativos la función de concretar el cuidado integral de la niñez a través de medidas de abrigo.

Los niños y niñas desamparados dejan de ser una propiedad para que un juez decida todo por ellos, y pasan a ser sujetos de derechos y el Estado debe velar para que esos derechos se respeten. Es un cambio de paradigma importante pero, ¿de qué Estado se trata? ¿Puede un Estado al servicio del poder económico y político de grandes capitales que recorta derechos y presupuestos en educación, salud, alimentación, trabajo y vivienda todos los días velar por esto?

Tenemos un Estado que abandona a los niños, adolescentes y jóvenes vulnerándolos y excluyéndolos, y luego los estigmatiza y criminaliza tratando de naturalizar la violencia institucional que ejerce sobre ellos.

¿Y de qué jueces se trata en su mayoría? También una Justicia patriarcal para la cual los niños son objetos de adultos, y es a estos adultos a quienes considera que debe proteger.

Un niño pequeño en estado de adoptabilidad al cual el Juez le prometió una familia necesita esperar tres o cuatro años para que eso se concrete y mientras tanto se va enfermando y desorganizando psíquicamente al ver que esto no se cumple, y que sus compañeros de hogar son visitados y luego adoptados, pero él no. ¿Por qué? El padre, que fue violento, abandonó al niño hace años, no lo visita, no cumple con los tratamientos que le indicaron, no tiene interés por recuperar el vínculo, pero no quiere firmar para ceder sus derechos. El juez centra sus acciones en garantizar los derechos de ese adulto. No cuentan los tiempos ni las urgencias del niño.

El pasaje a pensar a niños, niñas y adolescentes como sujetos en el sentido de sus propias necesidades en función de tiempos de constitución subjetiva, a pensarlos como sujetos de derechos y no como objetos de dominio y propiedad de los adultos, es un proceso para el cual surgen aún muchas resistencias, a pesar de los cambios introducidos a partir del Código Civil y Comercial de 2015 que introduce una lógica de derechos humanos, y de muchas otras leyes importantes sancionadas en la Argentina en las últimas décadas.

Las miradas en el terreno de la educación. “Con mis hijos no te metas”

La Ley 26.150 por la que se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), es promulgada en 2006 y con ella se busca garantizar el derecho a recibir ESI en todos los niveles, desde jardín a secundaria, y en todas las escuelas, públicas y privadas incluidas las religiosas. El Programa tiene en cuenta un concepto amplio de sexualidad que considera “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

Este trabajo en las escuelas resulta muy importante porque transmite la noción de intimidad con el propio cuerpo, la importancia de que los niños pequeños no se dejen tocar las partes íntimas salvo por cuestiones de higiene, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo, la equidad de género a través de la identificación de los prejuicios vigentes, etc.

Graciela Morgade, decana de Filosofía y Letras de la UBA sostiene que “toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral, con enfoque de géneros y derechos humanos.”2

Sectores muy conservadores de la sociedad que incluyen a todas las religiones, se oponen a que niños, niñas y adolescentes puedan recibir ESI en las escuelas, y se defienden con el lema que delata exactamente dónde está el cuestionamiento: “Con mis hijos no te metas”.

Tenemos un Estado que abandona a los niños, adolescentes y jóvenes vulnerándolos y excluyéndolos, y luego los estigmatiza y criminaliza tratando de naturalizar la violencia institucional que ejerce sobre ellos

Después de 13 años de sancionada la Ley de ESI casi no se aplica, ya que surge una gran resistencia. Además de la de algunos padres -ya que es independiente de su autorización tal transmisión, y que sucede por fuera de la familia- está la resistencia del mismo Estado. La aplicación de esta ley implica inversión en capacitación docente y en trabajo con la resistencia cultural a la ley.

Para dar un ejemplo, los cursos de capacitación en ESI suscitan mucho interés por parte de los docentes, pero los cupos que ofrece el Estado son pequeños. Quedan muchos docentes afuera.

Existe una campaña internacional con mucho peso político, que proviene de los Estados Unidos e irradia a toda América Latina, StopCSE.org. (Stop Comprehensive Sexual Education). Esta campaña cuestiona a todas las organizaciones tales como OMS, UNICEF, UNESCO y otras que a nivel mundial difunden la ESI. El motivo central es el mismo: la limitación al poder de los padres, y al concepto de familia patriarcal.

Para esto sostienen, entre otros postulados, la importancia de enseñar que “Mi familia es mía; mi mujer es mía y nuestros hijos son nuestros.” Una “formidable” formulación acerca de garantizar la continuidad del patriarcado que mantiene su dominio a partir del concepto de familia heteronormativa, en la que el hombre se apropia de la mujer y de los hijos. Es su dueño. Son su propiedad.

La campaña #ConMisHijosNoTeMetas en nuestro país considera a la ley de ESI un atentado contra la institución de la familia. “Los hijos son de los padres, no del Estado.” Afirman que no debe ser obligatoria y, según ellos, incita a la “ideología de género”. Con este cuestionamiento intentan evitar el que se pueda hablar de las distintas orientaciones sexuales sin patologizarlas, y de género saliendo del terreno de la biología que habla sólo de sexo masculino y femenino.

Y para ello sostienen que nada ni nadie puede suplantar a la familia heterosexual con hijos que siempre habrán de mantener el vínculo con sus progenitores consanguíneos, más allá de los daños que pudieran ocasionarles bajo las diversas formas de violencia familiar, porque “la familia es la base de la sociedad”. Los hijos e hijas, al igual que las ex parejas mujeres, son una propiedad del varón y debe ser así para siempre. Aunque la mujer resuelva dejar de ser pareja e irse, deberá seguir siendo una propiedad del varón sobre quien él exigirá sometimiento a lo largo de toda la vida. El no cumplimiento de este mandato de la sexualidad por parte de la mujer podría resultar causal de femicidio como forma de disciplinamiento. ¿Cuánto de estos mandatos están inscriptos en la subjetividad femenina a la hora de sentir que no pueden decidir sobre su propio cuerpo para tener una ley de legalización del aborto?

Los hijos, por más que sean violentados o abusados, deberán sostener el vínculo con su padre abusador aunque no lo deseen, ya que lo que se considera no es el deseo de los niños, niñas o mujeres sino lo que necesita el adulto, sobre todo si es varón y con poder.

La apropiación de niños, niñas y adolescentes en la mirada de la salud

La institución de la salud, los hospitales por ejemplo, siguen siendo instituciones muy patriarcales. Su organización remite a las formas organizativas del ejército: jefe de división, jefe de departamento. Más allá de algunas experiencias muy transformadoras que se gestan en estas instituciones, hay muchas que aún siguen siendo reproductoras del poder patriarcal.

Los hijos, por más que sean violentados o abusados, deberán sostener el vínculo con su padre abusador aunque no lo deseen, ya que lo que se considera no es el deseo de los niños, niñas o mujeres sino lo que necesita el adulto, sobre todo si es varón y con poder

Una pediatra, médica de una adolescente de 15 años a quien atiende desde el nacimiento, se enfrenta a la hebiatra (médica de adolescentes) a quien consultó la adolescente y quien le recomendó la colocación de un implante (método anticonceptivo), ya que había comenzado a tener relaciones sexuales.

La pediatra llama a la hebiatra por teléfono amenazándola, y le dice: -Si la paciente fuera mi hija y vos le hacés eso, decirle que le pondrás un implante, sin mi autorización, yo te denuncio y te meto presa. La hebiatra está protegida por el Código Civil que plantea que una adolescente puede consultar sola a un Servicio de salud, sin ser acompañada por algún adulto, y puede solicitar y recibir un método anticonceptivo. Sin embargo, es violentada por quien posee una representación de lo que es el acto médico hacia una adolescente como una intervención sobre un cuerpo con una sexualidad que no le pertenece a la propia joven sino a sus padres y a ella como profesional.

Cuando en la provincia de Tucumán una niña de 11 años fue violada por la pareja de su abuela y quedó embarazada, su madre solicitó la interrupción legal del embarazo. Pero además la propia niña lo pidió al decir en la consulta médica: “Sáquenme eso que me metió el viejo.”

No se la escuchó, se dejó pasar el tiempo sin aprobar la realización del acto médico que marca la ley, y ya no se la pudo practicar. Se la expuso a una cesárea con la cuadruplicación de los riesgos de vida para una niña de esa edad.

Entre las múltiples aristas a considerar en este renombrado caso, surge la consideración de que no corresponde escuchar a la niña, a pesar de su claridad al pedir que le quiten el embarazo producto de una violación. Nos permite ver cómo el poder médico ejercido por funcionarias y profesionales mujeres se arroga tener la propiedad sobre un cuerpo infantil ya violentado para volver a someterlo a una nueva violencia en pos de adjudicarse el poder patriarcal de “salvarla”.

Otro caso paradigmático de la apropiación de los cuerpos de los niños y niñas por parte del poder médico en connivencia con el poder de los padres tiene que ver con las cirugías correctivas y mutilantes que se realizan a bebés que nacieron con genitales ambiguos hoy consideradas violaciones significativas de los derechos humanos.

Las personas intersex nacen con variaciones de la anatomía sexual, que incluyen genitales atípicos, órganos atípicos productores de hormonas sexuales, respuesta atípica a las hormonas sexuales, configuración genética y/o características sexuales secundarias atípicas. Las prácticas mencionadas incluyen cirugías genitales cosméticas médicamente innecesarias e irreversibles.

Los derechos de estos chicos o chicas son que se espere a que crezcan y expresen su voluntad en lugar de intervenirlos cuando son bebés. Durante muchos años las cirugías se realizaron a partir de un mandato médico de “normalización”, ver la imagen de un genital que corresponda a sexo masculino o femenino. La angustia de los padres frente a la imposibilidad de categorizar a su bebé como niño o niña, llevó y lleva al sometimiento de éstos a un poder médico que se apropia de los cuerpos para alinearlos. Probablemente con las herramientas con que contamos hoy para pensar la diversidad, estas familias se beneficiarían si recibieran ayuda para procesar la aceptación de estas diferencias.

“Dichas prácticas causan dolor y sufrimiento grave, tanto físico como mental, de por vida, incluyendo pérdida o deterioro de la sensibilidad sexual, cicatrices dolorosas, relaciones sexuales (coito) dolorosas, incontinencia, estenosis uretral, deterioro o pérdida de la capacidad reproductiva, dependencia de por vida a hormonas artificiales, índices significativamente elevados de comportamiento autodestructivo y tendencias suicidas, sufrimiento y trauma mental de por vida, incremento en la ansiedad sexual, menor actividad sexual e insatisfacción con los resultados funcionales y estéticos.”3

La apropiación de niños, niñas y adolescentes en la mirada de la justicia patriarcal

La Justicia es el mejor escenario para ver cómo cuando hablamos de violencia de género no nos referimos a los varones contra las mujeres sino a una estructura binaria en la que hay un lugar considerado como medida y otro como déficit. Muchas veces son mujeres las que encarnan ese lugar de medida.

En una entrevista con una jueza para plantearle que una niña de 7 años no quería saber nada de volver a ver a su padre de quien había claras evidencias de que la había abusado, frente a que ella quería que la niña se revinculase con él, la jueza centró su planteo en la siguiente pregunta: ¿Pero nunca más lo va a ver? ¿Cómo es el futuro de un niño al que se lo mantiene tanto tiempo separado de su padre?

El problema ocurre cuando ese poder del adulto que le es otorgado por la necesaria dependencia infantil es utilizado para apropiarse, someter, prohibir, imposibilitar el contacto con el mundo del afuera familiar

Esta niña ni siquiera lo podía nombrar por su nombre, y le había pedido a la madre cambiarse su apellido para no recordarlo.

Otra jueza le muestra a una niña -que fue abusada por su padre y se niega a volver a verlo- una foto de su familia cuando estaban todos juntos incluyendo al padre abusador, para inducirla a que quiera verlo. Intenta tentarla mostrándole la foto que responde a su propio ideal de familia, “todos juntos”, que no es compartido por la niña. En la jueza prima su preocupación por lo que necesita el padre y la niña no es escuchada.

Otra jueza se ofrece como ejemplo acerca de que estando divorciada ella mantiene “la unidad de su familia”, frente a una niña de 11 años que vive con su padre y no quiere ver a la madre ya que ésta fue muy violenta en su infancia. La niña se lo ha dicho a su padre por quien se siente cuidada, y lo ha dicho públicamente en su escuela, lugar en el que se siente escuchada, pero ante la negativa de la jueza a aceptar su pedido y ante el forzamiento para revincularla con la madre, ha comenzado a cortarse y a hablar de matarse.

¿Por qué el lugar más peligroso para niños, niñas y adolescentes podría llegar a ser la propia casa? Mucho han cambiado en los últimos años las formas que han tomado las familias: niños o niñas criados/as en familias monoparentales, homoparentales o por parejas heterosexuales; familias tradicionales o ensambladas.

La necesidad es que se cumplan funciones de cuidar, proteger, libidinizar, narcisizar, poner límites e instalar legalidades de parte de por lo menos un adulto en asimetría. Justamente esa asimetría de poder necesario para la crianza, entre las dos generaciones, coloca al adulto en un lugar de ofrecer un marco de exploración, contención y administración de todos los impulsos, amorosos y agresivos, de niños y niñas en crecimiento. Chicos y chicas necesitan que el adulto en función parental ofrezca una seguridad para que puedan explorar, conocer y aprender a regular sus propios impulsos. Pero el problema ocurre cuando ese poder del adulto que le es otorgado por la necesaria dependencia infantil es utilizado para apropiarse, someter, prohibir, imposibilitar el contacto con el mundo del afuera familiar. Hasta el extremo de, en los casos de abuso sexual y de otras violencias, dejar al niño o niña desamparado/a, sin adulto protector. La sexualidad del adulto usada como arma para el dominio; la asimetría necesaria para el crecimiento tornada en poder para la apropiación y la desubjetivación.

Las familias, que cuando sostienen sus funciones y respetan y reconocen los derechos de todos sus miembros son los ámbitos más saludables para la crianza, pueden sin embargo tornarse en una de las instituciones más transmisoras del poder patriarcal, al reproducir las condiciones sociales de dominio y sometimiento.

Las transformaciones vendrán de la profundización de las luchas para derribar los sistemas de poder que anidan en éstas y otras instituciones productoras y reproductoras de grandes desigualdades.

Notas

1. Díaz, Esther, La sexualidad y el poder, Almagesto/Rescate, Buenos Aires, 1993.

2. “Toda educación es sexual”, Suplemento Soy de Página 12, viernes 14 de junio de 2019.

3. Mutilación Genital Intersex. Violaciones de los derechos humanos de los niños con variaciones de la anatomía sexual. Informe de ONG (por período de sesiones) del 5to y 6to Informe Periódico de Argentina sobre la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).