Frente a la Contrarreforma universitaria: la defensa de la universidad estatal pública, gratuita y laica

Manifiesto liminar, 21 de junio de 1918:
La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.

La reforma universitaria del 18, hace más de un siglo, enfrentó una férrea estructura conservadora abriendo el paso a un rotundo cambio en las altas casas de estudio. A través del “Manifiesto Liminar” y los postulados reformistas, se expresaron las críticas a un régimen académico que producía el ahogo del pensamiento crítico y de la producción científica. El resultado de esta fuerte huelga y revuelta estudiantil fue la democratización del gobierno universitario con autonomía y cogobierno con participación de los profesores, estudiantes y graduados en el gobierno universitario.

Los pilares sobre los que se desarrollaron las universidades argentinas apoyados en la Reforma de 1918, autonomía -institucional y académica- y autarquía, fueron reemplazados por privatización, desregulación y supeditados a las leyes y necesidades del mercado

Con el empuje de la reforma, que si bien comenzó en la Docta, se extendió a otras universidades del país, además de la autonomía y el cogobierno universitario se estableció la educación laica y libre, la libertad de cátedra, la docencia libre y la publicidad de actos universitarios.1

Sin embargo, y a lo largo de estos 105 años, estos postulados fueron deformándose, abandonados o directamente tergiversados. Tomemos, por ejemplo, la estructura de gobierno, el “cogobierno”. Al respecto, hoy tenemos un cuadro en nuestras universidades nacionales que, a pesar de importantes diferencias entre las distintas casas de educación superior, salvo pocas excepciones, el gobierno universitario no es un cogobierno realmente democrático, o sea, integrado por todos los sectores de la vida académica. Ausencia de representación para trabajadores no docentes -ya marcados con una designación desde lo negativo-, claustros de profesores que sólo representan a una ínfima porción de la docencia excluyendo a todos los auxiliares o interinos y a toda la docencia de las escuelas y colegios preuniversitarios, mínima representación estudiantil. El caso más emblemático es la UBA, la universidad más grande y de mayor prestigio del país, con un cogobierno con sobrerepresentación de “profesores”, sin claustro único docente, sin representación no docente, sin plena ciudadanía para preuniversitarios ni para la docencia del CBC. El resultado es un gobierno universitario en unas pocas manos, que decide y dirige los destinos completos de la universidad de acuerdo a intereses y consideraciones de un sector menor de la comunidad universitaria. Un poder concentrado en “camarillas universitarias” en lenguaje popular de los pasillos universitarios.

El otro aspecto de la degradación a través de los años y de políticas e intereses concretos de los sectores de poder se expresa en un corrimiento de la investigación y la extensión “con compromiso con la sociedad”2 hacia intereses privados con réditos lucrativos. Un giro que no solo se fue operando en las universidades argentinas.

En 1994 la Organización Mundial de Comercio (OMC), organismo internacional que resuelve normas que rigen el comercio entre los países, aprobó el “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios”, y hacia fines de la década, la educación superior pasó a integrar el listado de los “servicios”, es decir, se convirtió en una “mercancía”. En completa sintonía, en 1995, bajo la presidencia de Menem, se votó le Ley de Educación Superior, que mantuvieron vigente todos los gobiernos (radicales, kirchneristas, pejotistas, macristas) hasta el momento y que legisla a universidades privadas y públicas. Esta ley se inscribe en los lineamientos establecidos por la OMC, puesto que incorpora la denominación de “servicio” para la educación superior y, si bien, plantea la responsabilidad del estado en su financiamiento, en ninguna parte de su articulado establece la gratuidad. Con la promulgación de la LES comienzan los posgrados -arancelados-, la venta de servicios, las contrataciones y todo lo que , desde ese momento al día de hoy, constituye el gran negocio de las universidades que son denominados fondos propios. En paralelo, fue avanzando el desfinanciamiento público hacia las universidades y la reducción del presupuesto destinado a la educación superior al punto que hoy el 95 % del mismo alcanza sólo para el pago de salarios. Coincidentemente, también en 1998, el Banco Mundial (BM) presenta su agenda de la reforma educativa a nivel mundial como parte del informe sobre Financiamiento y Administración de la Educación Superior, donde se plantea la necesidad de hacer ajustes a los sistemas educativos de acuerdo a las necesidades actuales, para girar de “lo público” hacia el mercado.3

Así, los pilares sobre los que se desarrollaron las universidades argentinas, apoyados en la Reforma de 1918, autonomía -institucional y académica- y autarquía, fueron reemplazados por privatización, desregulación y supeditados a las leyes y necesidades del mercado y el ajuste presupuestario se fue subsanando con aportes provenientes de capital privado y el pase progresivo de contenidos de la formación de grado (gratuito) a la de posgrado (arancelada).

En 2018, el Dr. Hugo Juri, entonces presidente del Consejo Nacional de Rectores (CIN), defendió la creación del “Sistema de Reconocimiento Académico”, que apunta a la posibilidad de intercambiar “créditos” (asignaturas en lenguaje del mercado) entre universidades, públicas o privadas, garantizando un nuevo y gran mercado para la educación superior privada. Un avance que ya venía preparando la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, creada con la LES) al regularizar carreras y contenidos, imponiéndose sobre la libertad de cátedra y amalgamando a instituciones públicas con privadas.

Durante el gobierno del Frente de Todos, se avanzó en el acortamiento de carreras a través de títulos intermedios -siguiendo la agenda 2030 de la OMC la Unesco y BM-, se mantuvo la LES y se redujo en 7 puntos el salario docente.

Más allá de los intentos de la burguesía en distintas épocas y bajo distintos gobiernos para terminar con la gratuidad de la educación superior, en los hechos la disminución sistemática del presupuesto que se viene sosteniendo, desfinancia a la educación superior con consecuencias de deterioro de la infraestructura, afectación de la producción científica, falta de becas estudiantiles, miles de trabajadores ad honorem y deterioro de las actividades de extensión. Es gracias a la pelea del movimiento docente y estudiantil que continúa la gratuidad en la formación de grado. En la memoria de la lucha en defensa de la universidad gratuita no puede dejar de mencionarse “la quema de chequeras”, medida con que culmina el proceso de resistencia al arancelamiento dispuesto por la dictadura militar (1976-1983).

En definitiva, progresivamente se fue avanzando en un proceso de mercantilización y privatización de la universidad pública y alejamiento de los postulados básicos de la Reforma del 18.

Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, se plantea un giro en la situación. Milei es un enemigo de la educación pública, y de las universidades como parte de ella.

Lo dejó más que claro en la Ley Ómnibus que presentó al Congreso Nacional. En el cap. II de Educación, sección III, titulada “Universidades Privadas” (y no Públicas, ¿fallido o una muestra más de perversión?) propone reemplazos de artículos de la Ley 24521 (Les) para embestir contra los principios reformistas sobre los que se erigió nuestra educación superior. Y si bien la ley cayó, es importante tener sus objetivos muy presentes porque, con nuevos formatos de presentación, gratuidad, autonomía, examen irrestricto, presupuesto y condiciones de los trabajadores universitarios y estudiantes, siguen en el blanco de Milei.

Milei es un enemigo de la educación pública, y de las universidades como parte de ella

 Si bien en su propuesta se establece la gratuidad del grado, se mantienen los posgrados arancelados y se avanza en el arancel del grado a través de los estudiantes extranjeros.

Fija el ingreso irrestricto, pero establece que cada universidad deberá tener mecanismos de “nivelación, orientación profesional y vocacional” o exámenes de ingreso.

Amplía las evaluaciones externas de la Coneau, fijadas por la LES, a otras entidades públicas o privadas, sobre la investigación, la extensión, la docencia y la gestión institucional. Una transferencia de la producción universitaria que debería estar al servicio de las necesidades populares a intereses privados. De conjunto, arrasa con la autonomía universitaria y el cogobierno.

Finalmente, el tema del financiamiento central. Mientras todo el sistema universitario nacional recibirá el mismo presupuesto que en 2023, a pesar de los disparados índices inflacionarios, habilita a suscribir convenios y acuerdos con otros estados, instituciones u organismos nacionales o internacionales, públicos o privados, poniendo a través de la posibilidad de obtención de “recursos” a nuestra producción de conocimiento al servicio de intereses privados.

Pero además en los artículos propuestos en la ley, se planteaba que la distribución del aporte del tesoro nacional tendría en cuenta la cantidad de matriculados, tipos de carreras de grado y posgrado ofrecidas y el número de egresados, entre otros ítems. Sin presupuesto no se podrán mantener ni albergues estudiantiles ni comedores, algo indispensable para la población estudiantil de menores recursos, que pasarán a engrosar las cifras ya altas de deserción (70 %, muy similar a la de jóvenes bajo la línea de pobreza). Sin presupuesto no habrá más becas ni aumentarán sus mínimos montos actuales, favoreciendo el aumento de la deserción. Resultado: tendrán más fondos las universidades que tengan población de mejores recursos y que puedan mantener sus niveles de matriculación y egreso, un brutal paso elitista.

Los otros afectados por el ahogo presupuestario somos los trabajadores docentes y no docentes, además de los ad honorem y adscriptos sin salarios, sin los cuales no podríamos sostener la actividad. Nuestros salarios, después del golpazo de Macri, en 2019 sufrieron el impacto del FMI y el canje de deuda por educación. Los valores salariales están muy lejos de la canasta familiar. El cargo testigo (Jefe de Trabajos prácticos dedicación semiexclusiva de 20 hs semanales) en el mes de marzo cobrará un tercio de la canasta de pobreza calculada. Por eso, hoy la docencia, por ejemplo de la UBA, está reclamando 100% de aumento, y cláusula de indexación automática.

Nuestras obras sociales están quebradas y hay problemas edilicios. Será imposible funcionar, luz, gas, insumos, sin contar las universidades que, como la UBA, tienen hospitales -con todos los insumos médicos en dólares- abiertos a la comunidad.

Los propios rectores si bien ya están anunciando que la plata alcanza hasta abril o mayo, muchos de ellos ya están aplicando el ajuste de Milei. Es el caso de La Pampa, que cerró la licenciatura de enfermería con despidos, de la UNqui donde hubo baja de comisiones, afectando a docentes y estudiantes. En la UNC comienzan despidos bajo la forma de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

Frente a este Intento de golpe mortal a la reforma del 18 y ataque sin precedentes, tenemos el desafío de poner en pie un gran movimiento universitario de docentes y no docentes, estudiantes y graduados en defensa de una universidad al servicio de las mayorías nacionales, y que contribuya a un movimiento popular de conjunto capaz de derrotar todo el plan Milei de degradación social y nacional. ◼

Notas

1. https://www.unl.edu.ar/reformauniversitaria/index.php/principios-reformi...

2. Reforma del 18.

3. Celotto, I., “La virtualización en la educación superior”, Defensa del Marxismo Nº 55, agosto 2020. Disponible en https://revistaedm.com/edm/55/la-virtualizacion-en-la-educacion-superior/

Ileana Celotto, Psicóloga. Secretaria general AGD-UBA
celottoileana [at] gmail.com
IG: ileanacelotto