En el país donde más demandas democráticas se han conquistado para la diversidad sexual como la Ley de Identidad, la situación de las personas travestis y trans está en estado de emergencia, producto de la crisis económica y sanitaria. Existe un contexto generalizado de crisis social, en el que se agudizan las contradicciones que existen entre los derechos formales conquistados y las condiciones de vida de la población travesti y trans. Desalojos, desempleo y represión policial a la orden del día. El Estado como responsable.
Cuando se habla de la población travesti, transgénero y trans desde los medios de comunicación hegemónicos inmediatamente se nos asocia con la victimización. El sistema capitalista nos empuja a tener que sobrevivir, nuestra historia es la lucha por una vida digna que no esté sometida a mandatos de instituciones religiosas y manuales patologizantes. La insolencia de desafiar a los mandatos clericales y a los manuales patologizantes también tiene que ver con la irreverencia que nos caracteriza a la mayoría.
“La inclusión fue una mentira”, aseguró la activista y artista Susy Shock en una entrevista para La Izquierda Diario. Luego agregó: “Tenemos una ley maravillosa que nos ha traído grandes resultados, sin embargo, nuestro promedio de edad sigue siendo de 32 a 35 años, esto significa que la inclusión ha sido una farsa, una mentira, sino a tantos años de la ley deberíamos tener otros resultados”. Ella tiene una voz, y no es una voz que se victimiza; tampoco la tiene quien escribe estas líneas, pero al referirnos a la situación de nuestra población debemos seguir usándola para denunciar la falta de acceso a la vivienda digna, la exclusión de la salud integral -y no sólo por faltante de hormonas o antirretrovirales- y la constante persecución por parte de las fuerzas represivas del Estado que históricamente se han ensañado con las personas travestis y trans.
Tres travestis fueron detenidas en Santiago del Estero 1662, por supuesta “violación de cuarentena”. Esta fue una de las primeras denuncias que me llegó como periodista al empezar la cuarentena. Habían salido a comprar comida. “El atropello policial de ayer y de siempre” pensé. Esto sucedió a comienzos del mes de Abril en la Ciudad de Buenos Aires, y es nada más que la foto de una película que se repite en distintas ciudades y provincias del interior. “La Ley de Identidad de Género (LIG) no traspasa la Panamericana”, dice el dicho popular, pero en estos tiempos parece que tampoco se cumple en el conglomerado más importante del país.
Durante la cuarentena las fuerzas represivas han detenido e imputado arbitrariamente a más de 50 mil personas
La LIG es muy buena, pero es papel mojado en un contexto de criminalización de la población que no puede hacer cuarentena en su casa con todas las necesidades satisfechas, la criminalización que hostiga a los pobres en general, lo hace con más dureza con lxs trans y travestis porque mezcla diferentes prejuicios.
No solo las personas travestis y trans adultas están expuestas. Según informaron Blas Radi y Camilo Castillo Losada en Coronapaper: “Muchas personas trans masculinas viven con familias que no respetan su identidad de género. Estas personas reciben violencia de manera rutinaria, en muchos casos violencia correctiva, por parte de sus parientes. La situación de confinamiento obligatorio ha agravado las situaciones de violencia familiar, poniendo en gran riesgo sobre todo para personas que no son económicamente autónomas y que no tienen posibilidad de recibir asistencia profesional adecuada, les niñes entre elles”.
Sus palabras son claras, tan así que dejan ver que estos problemas no surgen simplemente por el aislamiento social obligatorio, que se impuso bajo el decreto 270/2020, sino que es un problema estructural sobre el que tienen responsabilidad todos los gobiernos que sostuvieron y sostienen un sistema que se basa en la explotación y opresión de la clase trabajadora, las mujeres y las personas LGTBI.
Por otro lado, no hay que dejar de prestar atención a las denuncias sistemáticas que se suceden en las redes sociales. La detención y encarcelamiento a las personas travestis y trans es una de las formas más extendidas de violencia estatal hacia este colectivo. En septiembre de 2018 la organización OTRANS denunció que solo en la Unidad penitenciaria N ° 32 de Florencio Varela se encontraban privadas de su libertad 46 travestis o trans, un 68% más que en el año 2015. La mayoría de estas detenciones fueron producto de violentas razzias justificadas en la Ley de Drogas 23.737 y resultado de causas armadas, argumentan las activistas. Si bien este informe data de hace dos años, la situación no cambió.
Lejos de implementar medidas de fondo para dar respuesta a la situación, el gobierno nacional del Frente de Todos ofreció un subsidio de 10 mil pesos que no alcanza para llegar a fin de mes. En muchos casos travestis y trans tuvieron dificultades para acceder al mismo por falta de documentación por robos o retención de los dueños de los hoteles, por no poder hacer el cambio registral o por ser migrantes, entre otras variables.
Precariedad y falta de empleo, la verdad de millones y una particularidad de nuestra población que debe pelear más que nunca por la implementación del cupo laboral trans-travesti
Durante la cuarentena las fuerzas represivas han detenido e imputado arbitrariamente a más de 50 mil personas. Por eso es necesario repudiar la escalada represiva contra los sectores que vienen padeciendo las consecuencias de la crisis y exigir medidas elementales como un subsidio de 30 mil pesos para las y los más perjudicados, como propone el Frente de Izquierda Unidad sobre la base de impuestos a las grandes fortunas. ¿O acaso importan más la vida de los empresarios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (más conocido como Programa ATP)? No es menor mencionar que Techint, Clarín y hasta Swiss Medical son algunos de los beneficiados.
Esa frase se leía en la pancarta de Marcos, un joven trans gastronómico que fue despedido apenas comenzó la cuarentena. Entiendo que estas líneas están siendo escritas para una revista académica pero no podemos dejar lo que pasa en las calles de lado en épocas del Covid-19 y esta es una realidad que no deja de ser repetida en ese oficio así como en otras ramas como la maestranza, call centers o comercios, por nombrar algunas en las cuales logran tener inserción laboral (de manera ultra precarizada) muchas personas que se rigen por fuera del cinto de la heteronorma. Precariedad y falta de empleo, la verdad de millones y una particularidad de nuestra población que debe pelear más que nunca por la implementación del cupo laboral trans-travesti.
Pero esto se da también a nivel internacional, las noticias corren y el sentimiento es el mismo: la bronca que se transforma en movilización. Tony McDade, de 38 años, fue asesinado en manos de la policía de Tallahassee el miércoles 27 de mayo. “Fue identificado como sospechoso de un apuñalamiento reportado esa misma mañana, la policía afirmó que McDade había huido de la escena antes de que llegaran los oficiales y que lo encontraron cerca un rato después”, afirmó el periodista Pablo Herón. Tony era un hombre trans y murió por el odio. “Las vidas negras importan”, en Argentina y en Estados Unidos; ese mensaje fue escuchado y llevado adelante mediante masivas movilizaciones en Francia y Alemania también. “Nuestras vidas deben valer más que sus ganancias”, dice otra consigna, que le suma el aspecto de clase a la cuestión racial.
En esa misma nota se informó que en materia de salud pública los estados tienen enormes deudas con la diversidad sexual. Hace pocas semanas la organización Transgender Europe denunciaba en su informe de 2020 sobre derechos trans de la zona de Europa y Asia Central que de los 41 países donde hay reconocimiento legal a la identidad de género, en 31 países se requiere un diagnóstico de salud mental y en 13 el sometimiento a una esterilización obligatoria para poder modificar su documento de identidad. De esta manera se imponen condiciones para poder acceder al derecho elemental a autopercibir el género. Una especie de castigo por cuestionar el orden de los géneros que tanto defienden sectores religiosos, de la ultraderecha política y hasta un sector minoritario del feminismo que es transexcluyente (TERF).
Quienes somos protagonistas de esta lucha contra el odio por construir una identidad o vivir el deseo sexual por fuera de los márgenes de la heteronorma no vamos a permanecer en silencio. Los disturbios de Stonewall que se dieron en el mes de junio de 1969 fueron travestis que estaban hartas de la violencia. En un mundo convulsionado que levantaba consignas antiimperialistas nació el Movimiento De Liberación Sexual y sus figuras más destacadas fueron Marsha P. Johnson y la travesti latina Sylvia Rivera. Esto fue en los setenta, pero no hay que dejar de mencionar que la Revolución Rusa en 1917, fue pionera en cuestionar las doctrinas reaccionarias sobre el sexo y el género, despenalizando la sodomía, aunque eso es para otro artículo.
Si era necesario un escrito sobre la realidad, a los hechos y las denuncias me remito, sin embargo, de la historia hay que sacar lecciones y una de ellas es la que nos dejó el legado de la lucha de Stonewall. Una permanente e incansable pelea contra un sistema que ofrece migajas para muchos y ganancias para pocos. Por eso para quienes seguimos en las calles es necesario entender que hay que seguir luchando por una vida que merezca ser vivida aunque tengamos que “tomar el cielo por asalto”.