Tratamientos hormonales para personas travestis y trans: el recorte en la Salud Pública

- No se están entregando las hormonas.

- ¿Por qué?

- Porque no hay. Simplemente vas a tener que esperar.

Eso le dijeron a Federico en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre del año pasado. Fede, como le dicen sus amigos, es uno de los que se organizaron para pelear contra el faltante de hormonas que afectó a todo el país: una de las tantas consecuencias del recorte en salud pública, estipulado por el Presupuesto 2019. El proyecto, presentado por Cambiemos, solo pudo ser aprobado en el Congreso con el aval del peronismo.

En aquellas personas que realizaron una gonadectomía -es decir, la extirpación de ovarios o testículos-, el mantenimiento de la hormonización es imprescindible para evitar daños a la salud

Si bien hubo muchos avances desde la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, ésta nunca llegó a cumplirse en su plenitud. A lo largo de los años, se repitieron las denuncias sobre la imposibilidad de acceder a una cobertura total de las hormonas (incorporada en el Programa Médico Obligatorio o PMO); y como tampoco se hizo efectiva su entrega gratuita efectiva a nivel nacional.

Marina Elichiry, médica recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires, activista lesbiana, feminista y antirracista, explicó a La Izquierda Diario que la interrupción de la hormonización puede acarrear consecuencias físicas y psíquicas. En cuanto a lo físico, las complicaciones dependen del esquema de tratamiento, el tiempo de uso de hormonas y si la persona pasó por una gonadectomía o no.

“El primer efecto de la interrupción de la hormonización es que algunos efectos se pueden revertir; por ejemplo, en hombres trans puede haber sangrado vaginal o menstruación, disminución del vello facial y corporal y, en mujeres trans y otras feminidades trans, pueden reaparecer erecciones no deseadas, entre otros elementos.

Todo esto lleva a una aparición de sufrimiento psíquico, asociado a características corporales no buscadas. Por otro lado, en aquellas personas que realizaron una gonadectomía -es decir, la extirpación de ovarios o testículos-, el mantenimiento de la hormonización es imprescindible para evitar daños a la salud, como la pérdida de densidad de los huesos. Además, hay que tener en cuenta que las personas más afectadas por estos riesgos son las más pobres y las que no tienen empleo formal, características que lamentablemente son frecuentes en la población trans, debido a las múltiples exclusiones que padecen.

Por último, si no hay acceso a la salud pública, las personas trans se exponen nuevamente a tratamientos inseguros como inyecciones de aceite industriales o siliconas líquidas, que producen altos riesgos inmediatos (de muerte por embolias) y, a largo plazo, por inflamación crónica, infecciones y migración de los aceites; así como al uso de hormonas anticonceptivas para feminizar el cuerpo, a veces en altas dosis. Todos estos, tratamientos que aumentan muchísimo el riesgo de tener coágulos en las venas, trombosis en los pulmones, aumentan el riesgo cardiovascular, etcétera.

Es decir, que si no se garantizan los tratamientos hormonales y quirúrgicos en el sistema público, éstos son realizados de manera insegura y se sigue perpetuando la injusticia a la cual son sometidas las personas trans en el ámbito de salud, la educación y el trabajo. Estas injusticias requieren no sólo acceso universal a la salud sino también a trabajo, por eso también resulta fundamental el cupo laboral trans”, dijo.

El acceso al reconocimiento y desarrollo de la identidad de género es un derecho humano que está previsto en la Ley de Identidad, así como en los Principios de Yogyakarta, por lo cual estas intervenciones deberían estar cubiertas totalmente por todos los subsistemas de salud.

Basta de patologización

Hasta junio del año 2018, la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) incluía las categorías trans en el capítulo relativo a los trastornos mentales y del comportamiento. Durante años de intensa lucha, activistas y militantes de diversas organizaciones han realizado un trabajo sistemático para impugnar esa clasificación. Los diagnósticos de salud mental se han utilizado indebidamente para considerar como patologías determinadas identidades y otros tipos de diversidad sexual, además de la patologización de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales equipara la identidad de estas personas a enfermedades, lo que agrava el estigma y la discriminación.

En junio de 2018 la OMS publicó la 11ª revisión de la Clasificación (CIE -11). Las categorías trans que actualmente figuran en la CIE-10 se han eliminado del capítulo relativo a los trastornos mentales y del comportamiento, y se ha creado una nueva categoría relacionada con las identidades trans en un capítulo dedicado a las condiciones relativas a la salud sexual.

Muchas personas trans deciden no hacerse intervenciones quirúrgicas ni acceder a tratamientos hormonales. Sin embargo, también se ven privadas del acceso a una salud integral, gratuita y de calidad

“El sexo de las personas no debería ser inscripto en el certificado médico, ni en la partida de nacimiento, ni estar presente en los documentos sobre todo porque es una asignación arbitraria que, en general, se basa en una característica sexual que es la más viviente que son los genitales. Es algo que se puede cambiar, que no informa sobre quién es la persona y genera un montón de problemas, basados en un momento en el que se toma una decisión que define en gran medida la vida de las personas. Esto no quiere decir no informarle a la familia, no estamos diciendo que a la familia se le diga su bebé no tiene sexo, sino decirle que, en general, las personas que nacen con un cuerpo así se identifican como niñas, sino se siente una niña se lo dirá y cambiará, tal como pasa. Parece una cosa de sentido común, pero implica aflojar una serie de controles y de discursos de propiedad que la medicina, el derecho y las familias tienen sobre niñes, niñas y niños”, explica el activista Mauro Cabral.

Es importante remarcar que muchas personas trans deciden no hacerse intervenciones quirúrgicas ni acceder a tratamientos hormonales. Sin embargo, también se ven privadas del acceso a una salud integral, gratuita y de calidad. Es fundamental abordar el respeto a la diversidad sexual y también corporal. Esto debería incluir educación, respeto y disfrute de diversas características físicas como la gordura, la delgadez, los distintos colores de piel y orígenes culturales, así como también la diversidad funcional. A su vez, resulta urgente empezar a tratar en el ámbito educativo la diversidad corporal y genital, incluyendo genitales y cuerpos intersex, de manera no patologizante; para prevenir el estigma que las personas intersex padecen actualmente, así como evitar y reparar las cirugías mutilantes a las que son sometidxs con el anhelo de “normalizar” sus cuerpos con mucha violencia y abusos por parte del sistema médico.

Esto es muy importante debido a que la identidad se va construyendo dentro de un marco político, social y económico determinado. La identidad no debe ser un presupuesto de la genitalidad, puesto que la biología no es destino de nadie.

A casi una década de la sanción de la Ley de Identidad aún seguimos batallando contra el estigma y hay escasa formación hacia los profesionales de la salud.

Mediante la Resolución 3159/2019, publicada en noviembre en el Boletín Oficial, con la firma de Adolfo Rubinstein, se dispuso la cobertura integral del tratamiento hormonal para aquellas personas que lo soliciten. Hay que ver si esto se cumple.

No queremos que nos persigan

La pelea de la diversidad sexual contra la patologización y por una salud pública de calidad no es solamente en Argentina. Estos últimos años vimos cómo a nivel mundial se expresaron distintos discursos de odios, no sólo en América Latina con Jair Bolsonaro o en Estados Unidos con Donald Trump; sino también en Europa. Sin ir más lejos, en Chechenia existe, en pleno siglo XXI, un campo de concentración ilegal y leyes que prohíben la propaganda homosexual, un accionar avalado por Vladimir Putin.

A nivel mundial, 39 Estados tienen leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual; y 42 Estados imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

Este mismo odio es el que después se reproduce dentro de las diversas instituciones. En una época de crisis, guerras y revoluciones, la salud es uno de los primeros derechos que se ven afectados y que deciden recortar, quienes pagan los platos rotos de esta crisis económica mundial son los sectores más vulnerables.

Poner en pie un Sistema Nacional Único de Salud estatal y gratuito, donde el Estado -a través de una gestión colectiva de médicos, enfermeros y representantes de la población- planifique, financie y preste los servicios, sería una alternativa. Para abastecer a todo el país, en tiempos de apriete fiscal del FMI, que incluye recortes presupuestarios. La salud no tiene que ser un negocio rentable, sino un derecho. No queremos un ajuste que implique menos plata para la salud: que el dinero destinado a la deuda externa vaya a educación y a nuestro sistema sanitario.

Tom Máscolo
tomas.mascolo [at] gmail.com
Periodista de La Izquierda Diario