Tres horas para morir. Las condiciones de vida en una unidad psiquiátrica penitenciaria

…Intento comprenderlo... intento entender...
porque dejan que los principios nobles queden relegados al olvido,
mientras la decadencia se apodera de este mundo tan incierto,
me niego a entenderlo….

Gerard Foz Bosch

El 15 de mayo de 2011 se producía un hecho inédito en la historia española. Ese día un grupo de cuarenta personas acampaban, de forma espontánea y apartidista, en la Puerta del Sol en Madrid, como señal de protesta por la crisis socio-económica que enfrentaba aquel país.

La pacífica manifestación terminaba con un violento desalojo por parte de la policía, dejando decenas de heridos y provocando el repudio generalizado de la población. Miles de personas acudían rápidamente al lugar para apoyar a los acampantes. Nacían en España los indignados.

El movimiento ciudadano, mostraba el hartazgo respecto de un sistema económico y social que había dejado en la calle a miles de españoles, generando además un incremento del desempleo sin precedentes en la historia de aquel país. El pueblo se había cansado de ser una marioneta manejada por políticos y banqueros, y salía a la calle a gritárselo al mundo.

Producto de esa crisis, muchos españoles decidían emigrar en busca de mejores destinos y más oportunidades. Quizás fue aquella situación crítica en la que se encontraba el país lo que impulsó al joven español David Díaz Ríos, de 19 años, a ir en busca de un mejor futuro para él y su familia.

Definido por sus familiares como un chico simpático, amable y generoso, al que le encantaban los animales, la playa y la montaña. Un chico intrépido que no reconocía su discapacidad y que con 16 años había tomado la decisión de dejar de medicarse debido a los efectos adversos que éstos le provocaban.1

Al cumplir la mayoría de edad, en 2010, el ministerio de salud de España realizó otra valoración de su estado psíquico, diagnosticándole un retraso mental ligero y una alteración de la conducta por trastorno de personalidad, dándole un grado total de discapacidad del 49%.

Al poco tiempo de haber cumplido sus 19 años, David decidía independizarse del seno familiar. En febrero de 2011 partía hacia Lérida a vivir junto a su novia. Justo cuando empezaba a abrirse camino dando ese trascendental paso, estallaba la crisis en España dejándole pocas opciones por delante. La emigración era una de ellas.

El 27 de mayo de 2011 ingresaba a nuestro país proveniente de Colombia. Cuando revisaron su valija en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el personal de migraciones encontró pequeños paquetes con cocaína. Al verse involucrado en esta situación y sin tener real conocimiento del porqué de su detención, fue preso de un estado de descompensación debido a la situación estresante a la que se enfrentaba.

Lo mantuvieron detenido en el Aeropuerto hasta el 30 de mayo, cuando fue trasladado a la unidad penitenciaria N°20 del Hospital Psicoasistencial José T. Borda. Debía permanecer en ese establecimiento en espera del peritaje psicológico pertinente para poder establecer su grado de discapacidad y así decidir la institución dónde debía estar alojado. El proceso judicial que tendría por delante sería largo y tedioso.

Dentro de la unidad, fue alojado en una sala de aislamiento, por prescripción del psiquiatra de turno, debido a que no existía un pabellón de jóvenes adultos en la institución. Ingresó a a las 23:00 hs. del 30 de mayo. Tan solo tres horas después del traslado, se produce un incendio en el sector donde se encontraba él, compuesto por 3 celdas individuales.

El fuego comenzó en la celda contigua a la de David, donde se hallaba alojado Leandro Muñoz. A pesar de estar recubierta por material no inflamable y ser la única que tenía cámaras de seguridad en funcionamiento, nadie acudió rápidamente a su auxilio. El humo se expandió con urgencia hacia los otros sectores, transformándolos en pequeñas cámaras de gas.

Como consecuencia de este hecho, Muñoz murió carbonizado, mientras que David pereció por asfixia debido a la densa nube de humo generada por esta situación. Además de los dos fallecidos, hubo otro interno, dos miembros del personal carcelario y un bombero que resultaron heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad.

Las pericias no pudieron determinar con exactitud si el incendio fue accidental o intencional, se supone que Muñoz prendió fuego su colchón en reclamo por las paupérrimas condiciones de vida en la que se encontraban dentro de aquel siniestro lugar.

A través de un comunicado, desde el CELS, responsabilizaron al Estado y definieron lo ocurrido como parte de la crisis estructural de las instituciones de encierro del país y de las graves violaciones a los Derechos Humanos que padecen las personas alojadas allí.

Con excepción de la celda en la cual se originó el incendio, los otros compartimentos no contaban con los requisitos básicos de seguridad, sus paredes estaban completamente cubiertas por material inflamable y tóxico, y no había alarmas antihumo ni dentro de las celdas, ni fuera de ellas.

Centenares de personas han muerto en las cárceles argentinas por la quema de colchones de espuma de poliuretano. Como resultado de estas situaciones, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado desde hace varios años, la utilización de elementos ignífugos en todo el Servicio Penitenciario y la mejora de las condiciones generales de alojamiento.

A pesar de esa resolución, la celda donde se encontraba David era un espacio cerrado, sin ventilación, con cámaras de seguridad que no funcionaban y con paredes acolchadas que deberían haber contado con un tratamiento ignífugo adecuado. El establecimiento, de más de 150 años, no estaba preparado para alojar a personas con ese tipo de problemáticas (vale la pena preguntarse si alguna vez lo estuvo).

Personal del servicio penitenciario declaraba al diario Página 12 que si hubiesen funcionado bien las cámaras de seguridad de las celdas, si el material de las mismas fuese ignífugo y si hubiera habido una ventana para observar al internado, no tendría que haber pasado esta tragedia. Demasiadas variables peligrosas en juego que ponen al descubierto el calamitoso estado en que se hallan las personas alojadas en este tipo de instituciones.

El trágico incendio tuvo como telón de fondo la campaña de reclamos que venían llevando a cabo trabajadores y pacientes de ese centro de salud mental para lograr mejoras en la infraestructura básica del establecimiento y la restitución del servicio de gas, cortado en ese momento desde hacía más de 40 días.

Este caso, como tantos otros, nos muestra la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que habitan las unidades penitenciarias de nuestro país (incluyendo las que se hallan dentro de los hospitales psiquiátricos). En estas instituciones, caracterizadas por el encierro, el maltrato, el asilamiento y el mantenimiento de la seguridad, se observan severas deficiencias en la atención, rehabilitación y reintegración social de sus usuarios.

Las lógicas carcelarias y pseudo-terapéuticas (coercitivas en todos los casos) se combinan en estos lugares, provocando un fuerte impacto sobre los Derechos Humanos de las personas. Como consecuencia de aquello se generan situaciones trágicas totalmente evitables si el eje estuviera puesto en la recuperación de sus huéspedes y no en la opresión y el mantenimiento del orden.

PRISMA

En el año 2010 el porcentaje de muertes violentas acaecidas dentro el Sistema Penitenciario Federal fue del 27%. Este número, que ya de por sí era alarmante, aumentó al 59% en 2011, mostrando un inusitado recrudecimiento de las condiciones de vida sufridas en estas instituciones.2

Las muertes de Díaz y Muñoz fueron la gota que terminó de rebalsar un vaso que desde hacía muchos años desbordaba de violencia y maltrato. Como consecuencia de esto, se produjo el cierre de las unidades penitenciarias N°20 y N°27, esta última funcionaba solo con una población de mujeres. En su lugar fue creado el programa interministerial de salud mental, PRISMA.

El mismo establece dispositivos de evaluación, tratamiento e inclusión social. Pretende brindar asistencia a las personas con padecimientos mentales alojadas en las cárceles federales que cumplan con los criterios de selección fijados por el programa. Nace como respuesta alternativa y superadora del modelo anterior, en línea con los planteamientos que propone la nueva Ley de Salud Mental.

El programa plantea 3 pasos: Evaluación, Tratamiento y Egreso:

Las evaluaciones se realizan teniendo en cuenta, en primer lugar, el lugar de residencia originario de las personas evaluadas, así como de su entorno social y familiar para determinar la permanencia de la persona en el ámbito del Área Metropolitana o, en los casos en que se detecte que el sujeto proviene de alguna otra jurisdicción, se trate por todos los medios de establecer su tratamiento en el lugar de residencia originario, para favorecer las condiciones y posibilidades de inclusión social futura.

En una segunda etapa se realiza una evaluación interdisciplinaria cuyo resultado es un informe sanitario único que permite gestionar la derivación de la persona al dispositivo de tratamiento más adecuado previsto en el Programa, o recomendar su alojamiento en Unidades de régimen común.

El tercer paso debe implementarse fuera del ámbito carcelario. La etapa, denominada de Egreso, está dirigida a aquellas personas que provengan de los dispositivos de tratamiento del programa PRISMA y que obtengan su libertad por cualquier medio. Es un dispositivo sanitario abierto, ajeno al sistema penal, que encuentra su objetivo principal en garantizar la inclusión social exitosa de la persona que egresa. Para lograr aquel fin, se utilizan casas de medio camino.3

El programa cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales y enfermeros. Tiene además talleres de arte, cine, música, fotografía, circo, lectura de cuentos y una huerta donde trabajan los internos. Todas estas actividades apuntan a la resocialización y permiten la reflexión y el debate de diferentes problemáticas.

Las condiciones de alojamiento han mejorado sustancialmente respecto del dispositivo anterior (¿tendrían margen para empeorar aún más?), en general las instalaciones son nuevas, con celdas individuales que se asemejan a una habitación con altas medidas de seguridad. No existen lugares de aislamiento, ni de privación sensorial. Hay 3 celdas con cámaras de seguridad para poder custodiar a pacientes en estado de descompensación psíquica o recién ingresados.

A pesar de haber muchas aristas para mejorar en el programa, según datos estadísticos recogidos por el CELS en su informe anual del 2013, los hechos de violencia han disminuido sustancialmente, modificándose paralelamente la relación entre los trabajadores y los propios usuarios. 4

Según el mencionado informe, el sistema de egreso es el punto más innovador el programa, ya que propone un dispositivo sanitario abierto, por fuera del sistema penal, con una casa de medio camino y equipos de seguimiento comunitario. El programa plantea un acompañamiento desde que la persona está en situación de obtener su libertad hasta que se encuentra en condiciones de continuar su vida en sociedad, con un enfoque centrado en la reconstrucción de los vínculos sociales y familiares.

En el informe también se avanza sobre algunas recomendaciones que harían mejorar el funcionamiento del programa, como la definición de los criterios de admisión, el resguardo del consentimiento libre e informado como derecho inalienable de cualquier persona internada por motivos de salud mental, la elaboración de registros vinculares y familiares a fin de incluirlos como fuente de información, y la definición y protocolización de cualquier intervención que implique restricciones a la autonomía individual y de seguridad personal.

Se sugieren además auditorías internas que regulen la administración de la medicación. Este último ítem resulta de gran trascendencia debido al uso de psicofármacos como castigo contra los internos y no como una herramienta terapéutica que permite, en algunos casos y bien implementada, mejorar determinados estados psíquicos (aunque sea transitoriamente).

El tratamiento que se propone brindar asistencia a personas con episodios agudos y con trastornos mentales graves, ha presentado desde su inicio algunas dificultades, como las pocas externaciones y derivaciones hacia diferentes tratamientos, quedando en algunos casos sometidos al mismo régimen de encierro común.

Pese a las dificultades que se presentaron al inicio de la implementación del programa, la situación que se plantea en PRISMA es superadora respecto a la anterior, caracterizada por el uso de la violencia, el aislamiento, el maltrato físico, psíquico y sexual y demás violaciones a los DDHH.

Sin embargo es necesario continuar avanzando en la modificación de las lógicas de encierro y segregación, sostenidas, en gran parte, por los imaginarios sociales que asocian al loco y al delincuente con lo peligroso y lo impredecible. Mientras estos estigmas sigan vigentes, las transformaciones institucionales implementadas penderán de un delgado hilo que podrá ser cortado con demasiada facilidad.

Fin y principio

Muchas personas han muerto en las instituciones carcelarias y psiquiátricas de nuestro país. El cambio que conlleva la implementación de este dispositivo resulta fundamental para el respeto por la vida de aquellos que, por diversas circunstancias, han sido recluidos en estos lugares de horror y desidia.

El trágico desenlace de David (como de tantos otros) no puede ni debe quedar impune. Es necesario que cada uno de los involucrados en su deceso (por acción u omisión) asuma la responsabilidad ante este hecho. De otro modo estaremos creando nuevos dispositivos que apuntan al respeto de los Derechos Humanos, pero construidos sobre cimientos que huelen a muerte.

Hoy su familia continúa la lucha en busca del esclarecimiento de esta tragedia, proponiendo además severas penas para todos los responsables de su muerte. Para ello han creado la plataforma sin fines de lucro Justicia por David, que tiene como unos de sus objetivos principales el conocimiento, la divulgación y la denuncia de su caso.

En la misma además se pone de manifiesto el desamparo legal, emocional y físico que padecen las personas con problemas psíquicos y sus familiares. Pretende que este tipo de situaciones, como la sufrida por David, sean visibilizadas, generando conciencia acerca de la problemática que viven diariamente miles de personas.

Otras de las propuestas de la plataforma es la urgente aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En particular, en sus artículos 10 y 11 donde se hace hincapié en las disposiciones de custodia y las formas de arresto.5

En los mencionados artículos del tratado, que entró en vigencia en 1987, se rescata la importancia de la prohibición de la tortura y de la formación de las personas que se encargan de aplicar la ley. Sobre todo para que las personas que no estén cualificadas para cuidar y proteger, que se formen para hacer dicha labor, ya que tratan con seres humanos.

La lucha, comenzada en España por sus familiares y amigos, ha sido replicada en otros países, sumando adhesiones y apoyo en diferentes rincones del planeta. Es imprescindible no olvidar lo acaecido por David y tomar conciencia acerca de las terribles condiciones de vida que se padecen en estas instituciones.

Notas

1. http://plataformajusticiaparadaviddiazrios.blogspot.com.ar
2. Centro de estudios Sociales y Legales. Derechos Humanos en Argentina. Informe anual 2013.
3.http://www.prensa.argentina.ar. Secretaria de comunicación pública. Presidencia de la Nación. Agosto 2011.
4. Centro de estudios Sociales y Legales. Derechos Humanos en Argentina. Informe anual 2013.
5. http://plataformajusticiaparadaviddiazrios.blogspot.com.ar