Un crimen de Estado contra la clase obrera

El 6 de agosto, en los Tribunales de Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires, comenzará el juicio oral y público por el crimen de Mariano Ferreyra quien recibió un disparo en el pecho durante una manifestación que tuvo lugar el 20 de octubre de 2010 que reclamaba el pase a planta permanente de trabajadores ferroviarios tercerizados. Los autores materiales del asesinato respondían al secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, uno de los diecisiete imputados.

“Mariano era flaco. Muy flaco. Yo lo cargaba porque estaba más cerca de pesar lo que yo pesaba en 5to grado (nada menos que 50 kilos) que lo que peso ahora. Recuerdo que en una época el tipo llegaba contento al CBC y me decía: “Che, ¿no me ves más gordo?”. Como buen amigo le era sincero: “La verdad que no. ¿Cuánto subiste?”. Él respondía: “Y… como un kilo… O dos”. Segundos de silencio y estallábamos en risas. En fin, Mariano era muy, muy flaco. Además de las cosas que se saben: era tranquilo, era tímido… Mariano, sin embargo -y a diferencia de estos patoteros intimidatorios como un rottweiler (serviles con sus amos y bravucones con los demás)-, era alguien que tomaba decisiones que tenían un riesgo, y asumía siempre las consecuencias de las mismas. Sus decisiones, a diferencia de Favale, no estaban respaldadas por el poder, no tenían la garantía casi segura de la impunidad, iban contra el poder, con todas las de perder”. (Escrito por “El Be”, amigo y compañero de militancia de Mariano).

Mario Hernandez (MH): Hoy vamos a estar conversando sobre el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra con María del Carmen Verdú (MCV), abogada. En 1992 constituyó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Lisandro Martínez (LM), militante del Partido Obrero. Autor de: Mariano Ferreyra. Un crimen de Estado contra la clase obrera y Christian Rath (CR), dirigente del Partido Obrero. Autor de: Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso Mariano Ferreyra.

María del Carmen, ¿qué expectativa tenés respecto de esta causa?

MCV: Yo creo que lo más importante de este juicio que va a comenzar el lunes, es haber llegado hasta el juicio. Desde el primer momento dijimos que así como esa mañana/mediodía en Barracas, los compañeros enfrentaron a la Triple Alianza antiobrera: el gobierno, la patronal y la burocracia sindical, y Mariano cayó defendiendo el derecho de los trabajadores y combatiendo esa Triple Alianza, íbamos a tener el mismo panorama de adversarios en el proceso judicial.

Estamos profundamente agradecidos al Partido Obrero por habernos invitado generosamente a participar de la querella junto a la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), y que más allá de la habitual colaboración que tenemos con ellos en infinidad de causas, fundamentalmente de defensa de trabajadores represaliados, también es un mensaje muy importante en el sentido que las muertes del pueblo son del pueblo y, por lo tanto, la presencia de CORREPI en esa querella la entendemos como una obligación de nuestra parte y reitero el reconocimiento a los compañeros al habernos abierto la puerta a un expediente que sino hubiéramos tenido que mirar de afuera y solamente participar en la militancia de solidaridad política y no dentro de la militancia en la propia causa.

Nos parece que el juicio es un acontecimiento realmente importante pero quien crea que esta es una causa que se resuelve en términos jurídicos está hablando de otra cosa.

Contestando a tu pregunta respecto de la expectativa para el lunes, en principio hemos tenido que enfrentar al conjunto del aparato estatal con sus aliados históricos. En algunos casos hemos logrado ciertos triunfos importantes. En primerísimo lugar que la discusión técnica en la sala a partir de las 10:00 del lunes vaya a girar sobre la tesis que sostuvimos desde el primer momento en aquella conferencia de prensa muy improvisada que hicimos alrededor de las 15:30 del 20 de octubre de 2010, donde recuerdo que estaba Lisandro, hoy aquí, tan conmocionado que ni sabía que estábamos en Corrientes y Callao. Esa misma tarde dijimos que había 3 co-responsables, que cada uno jugó un rol, una parte, una misión de trabajo en un plan criminal común. Eso lo hemos logrado instalar como tesis técnica que se va a discutir y creo que vamos a probar con la prueba que ya tenemos incorporada y los testimonios que se van a escuchar a lo largo de estos 6 meses de juicio.

Hay una pata y media de ese aparato sentado en el banquillo de los acusados, porque si bien está la burocracia sindical, la patota y su jefe, José Pedraza, y sus subjefes, Fernández y Díaz, y los 7 policías, entre ellos 3 comisarios y 1 subcomisario, falta el resto del aparato estatal, el Ministerio de Trabajo, el de Planificación, los funcionarios Schiavi, De Vido, Luna, el propio Tomada, Noemí Rial, etc., y fundamentalmente la empresa, la patronal UGOFE cuyos directivos apenas si han declarado en alguna ocasión como testigos cundo son el tercer pilar sobre el cual se apoyó la organización de este plan criminal.

Nuestra expectativa es poder probar, y vamos a hacer todo el esfuerzo con los compañeros que estamos organizando el trabajo conjunto en la querella, que es un juicio a medias, que es un gran triunfo haber logrado la unificación de la causa de la policía con la patota para ponerlos en un primer plano, mano a mano con sus socios de la burocracia sindical y no como simples coadyuvantes, como intentaron mostrarlos desde el aparato judicial, desde la fiscalía, desde el juzgado, al solo imputarlos por un delito menor y desvinculado del hecho principal, como es el abandono de persona.

Nosotros los estamos acusando por su participación criminal en el plan conjunto donde la tarea de la policía no fue ejecutar el crimen, porque eso lo hizo la patota, pero insisto, fue un reparto de tareas general y probar además que hay un montón de sillas vacías que corresponden a todas esas otras partes de esa confabulación antiobrera que por ahora han quedado amparadas por el aparato estatal.

El juicio fue fruto de una extraordinaria movilización política

MH: Christian, leía en tu libro Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso Mariano Ferreyra, que vos destacás el hecho que José Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria y Juan Carlos “Gallego” Fernández, secretario administrativo, son los primeros casos en democracia en que las 2 máximas cabezas de un sindicato son procesados y detenidos como autores intelectuales de un asesinato político.

CR: Ese es un rasgo original de este proceso en el cual María del Carmen y Claudia Ferrero están jugando un papel muy importante desde el punto de vista del armado jurídico.

Hay que destacar que esto no termina el 6 de agosto, sino que recién empieza, y un juicio es una materia viva.

Hay un testigo que se quiebra, hay una confesión que no se esperaba, es decir, es una lucha política que se inicia y puede durar meses, que va a ser también contra el gobierno que juega determinado papel en función del ocultamiento y de la preservación a la que hacía mención María del Carmen.

No están en el banquillo de los acusados los representantes de la burguesía nacional, que es esta patria concesionaria inmensa que ofició de cómplice de la burocracia sindical.

Me parece que en ese punto hubo una movilización política extraordinaria. Si vos recorrés todos los crímenes contra el pueblo desde 1983 al presente, no tenés la cantidad de imputados con el nivel de responsabilidad que tenés en este caso. Esto fue fruto de una movilización, no de un gobierno que quiso producir un hecho político de juicio y castigo.

El oyente deberá saber que esta movilización que estamos convocando para el 6 de agosto tiene que ver no solo con el juicio y castigo por el asesinato de un compañero a quien queríamos inmensamente, no, aquí hay un juicio político.

El entramado que describe María del Carmen es el de un régimen social, porque están involucrados una clase social empresaria, el régimen de la tercerización que no solo se da en el ferrocarril Roca con trabajadores que cobraban el 50% del salario haciendo la misma tarea que uno efectivo. En el país existen más de 1.000.000 de trabajadores tercerizados y la perspectiva es que aumenten. De esos ¿cuántos revistan en el Estado? Esa es otra de las patas.

Cuando se plantea la posibilidad con un proyecto del diputado Recalde, muy limitado, de acotar la tercerización, Paolo Rocca, titular de Techint, en el coloquio de la Unión Industrial, el mismo año de la muerte de Marcelo Ferreyra dice que la tercerización no debe ser tocada porque es estratégica en cuanto al costo laboral. Toda una definición de Estado y el proyecto Recalde cae un mes después.

También es un juicio político contra la burocracia sindical. Yo anoté la frase de Moyano cuando cayó preso Pedraza: ‘Hay muchos dirigentes sindicales presos para un gobierno peronista’. No hablemos de Pedraza que está dando los congresales de la Unión Ferroviaria para la CGT Balcarce. Es la burocracia sindical, esa loza inmensa que tienen los trabajadores en los sindicatos, lo que está en juicio en este caso.

También el gobierno porque es quien permitió que la UGOFE y la Secretaría de Transporte no estén en el banquillo de los acusados. La primera declaración de la Presidenta fue cuando hizo mención a la ocupación del Palacio Pizzurno diciendo que buscaban un muerto. Esto tiene que ser dicho porque sino no se aprecia que hay un juicio que de alguna manera para el Partido Obrero y creo que compartirá María del Carmen y muchas de las fuerzas políticas que estamos actuando, queremos que sea un capítulo de la crisis política que tiene este gobierno, porque en último término estamos juzgando a un sistema que creó este propio gobierno.

La tercerización, el trabajo precario, la defensa de la burocracia sindical, son las patas de un gobierno que se presentó como nacional y popular y está viviendo una fase de agotamiento. Este gobierno fracasó y por eso tenemos una política de ajuste, donde comenzó el déficit fiscal y están buscando todas las cajas del mundo posibles y la gente tiene el aumento de la tarjeta SUBE, de los peajes, el tope en las paritarias, el impuesto sobre el salario y uno tiene que ganar menos de $ 5620 para cobrar una asignación familiar, es decir, esto tiene que ver con un juicio político donde las fuerzas que se están movilizando tienen que ser un factor en esta crisis porque sino al gobierno le van a pasar la factura los Lavagna, los Scioli, los De la Sota, que están planteando la política de la devaluación y el ajuste inmisericorde contra las masas.

Tiraron a matar porque detrás había un negocio millonario

MH: Lisandro, estuviste presente el día de los hechos en Barracas.

LM: La situación en Barracas fue muy similar a lo ocurrido en Puente Pueyrredón donde yo también participé.

Ambos fueron operativos del Estado. Cuando titulé mi libro Un crimen de Estado contra la clase obrera, en diciembre del año pasado, parecía un poco fuerte, yo mismo decía esto hay que comprobarlo, pero ahora lo ha hecho el fiscal de la causa de la masacre de Once donde murieron 51 personas y hay más de 700 heridos, quien afirma que ha habido una actitud criminal de Schiavi y Jaime, ambos ex secretarios de Transporte y de los Cirigliano, los empresarios concesionarios de la línea Sarmiento de trenes.

Lo sucedido en Barracas es muy similar a los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, porque se trata de un operativo que solo lo puede armar la SIDE, el Estado con todos sus organismos de represión para dar impunidad a una acción ejemplificadora como dicen nuestros abogados en la causa.

La propia visión que uno vivió ese día me hizo decir una cosa que es una verdad absoluta: tiraron a matar porque detrás había un negocio millonario que había que defender. Unicamente así se puede entender que alguien mate en esas circunstancias y que no sean los que tienen la caja en su poder, porque en las denuncias que luego hacen los testigos arrepentidos, encubiertos, como los queramos llamar, dicen que estaban los propios agentes de la UGOFE en las vías, no estaban fuera de la jurisdicción monitoreando por teléfono.

MH: Aunque lo han mencionado varias veces, sería bueno que aclararas qué es la UGOFE.

LM: UGOFE es la unión de 3 empresas cuyos responsables son los empresarios Roggio, Cirigliano y Romero, quienes han hecho sus fortunas chupándole las tetas al Estado, lo que se llama la patria contratista, para la cual si una botella de gaseosa cuesta $ 1 al Estado se la cobra $ 6. Esta gente estuvo, organizó este crimen, estos 3 concesionarios fueron parte de esta organización, sabían lo que iba a pasar. Uno de los gerentes de UGOFE recibe 16 llamados de Favale, es decir, la más terrible comprobación de la interrelación en el hecho.

La Policía Federal tiene una sala donde se proyecta en directo lo que filma en las movilizaciones. La cúpula vio lo que pasaba, también el Ministerio del Interior.

MH: Los personajes se repiten. Aníbal Fernández aparece involucrado en Puente Pueyrredón y en este caso.

CR: Quiero recordar que la primera respuesta que dio Aníbal Fernández es que el lugar donde se produce el asesinato de Mariano Ferreyra era inaccesible para los móviles policiales, diciendo que jamás habían estado en el escenario del crimen. Está en los diarios y Aníbal Fernández continuó con sus funciones gubernamentales  en ese momento.

MH: María del Carmen, sé que tenés un compromiso y no quiero que te vayas sin antes cerrar tu participación en esta mesa.

MCV: A las 12:30 tengo que estar en una audiencia y los jueces no son tan comprensivos como vos.

Creo que la conclusión sobrevoló las intervenciones anteriores tanto de Christian como de Lisandro. Nosotros en CORREPI compartimos el análisis de Lisandro que este es un crimen de Estado. Mariano Ferreyra es uno de los 17 asesinados por el gobierno peronista de los Kirchner en la represión directa a la protesta social, a la manifestación, a la movilización popular, una cuenta que empieza apenas asume Néstor Kirchner en 2003, en octubre, cuando es fusilado por la policía en Jujuy el joven Luis Cuéllar, al que nosotros denominamos el muerto olvidado porque salvo en contadas oportunidades no se habla mayormente de él, un pibe militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que se movilizó junto a 7000 vecinos en Libertador General San Martín, una población de 15000 habitantes a lo sumo, con lo cual podríamos decir que participaron de la movilización el 100% de los adultos, a raíz que la noche anterior se había cometido en la comisaría otro crimen de Estado pero de la otra vertiente represiva, la que llamamos preventiva, para distinguirla de la selectiva que se dirige contra la movilización, contra la protesta política, porque otro pibe, Cristian Ibáñez, de 17 años, había sido asesinado en la tortura. Ese fue el primer muerto de los Kirchner en relación a la protesta social.

Después siguieron casos que se conocen más como el del maestro Carlos Fuentealba o los 2 pibes fusilados en Bariloche después del fusilamiento por gatillo fácil de Diego Bonefoi.

También hay otros casos silenciados como el de Facundo Vargas, que era un chico de 16 años que se movilizó en Pacheco, en enero de 2010, para repudiar con un corte de vías, un fusilamiento de gatillo fácil habido a pocas cuadras en El Talar.

Es en ese marco que decimos que el caso de Mariano es paradigmático por todo lo que aquí se señaló, por ejemplo, respecto de esta extraordinaria posibilidad que nos ha dado la gran movilización y la denuncia permanente del crimen, que nos permite estar llevando a juicio a las cabezas del aparato criminal de la burocracia sindical como Pedraza y Fernández, situación que si la comparamos con otras causas igualmente importantes desde el punto de vista de lo que significa la intervención represiva en esta forma de tercerización de la represión que tanto utiliza el kirchnerismo usando grupos de choque de los sindicatos, nos damos cuenta de la calidad diferencial de la causa Ferreyra.

Gerardo Martínez está en su casa, sigue dirigiendo la UOCRA, es el niño mimado del gobierno nacional, viaja a Ginebra a la OIT en representación de los trabajadores, con la Presidenta, que poco menos lo ha convertido en una especie de árbitro en la disputa en la interna por la conducción de la CGT y, sin embargo, está imputado en una causa en la cual hemos denunciado un hecho por el cual ya debería estar preso porque formaba parte del Batallón 601 durante la dictadura, lo cual no es un delito porque lo digamos nosotros, sino que hay jueces que ya lo han dicho. Siguiendo la propia lógica del aparato judicial, el Juez Lijo aseguró que el Batallón 601 fue una asociación ilícita que tenía como objeto administrar, gerenciar el Terrorismo de Estado y por ende los libros de Derecho nos enseñan que la mera pertenencia a una asociación ilícita ya es un delito que es motivo para ir preso.

En el caso de Gerardo Martínez no se aplica, si la asociación ilícita fuera una organización popular que toma tierras abandonadas para construir viviendas, ahí sí tendríamos las imputaciones a la orden del día y a los compañeros presos.

En ese sentido es una causa paradigmática. Como bien decía Christian este es un proceso que comienza el 6 de agosto, que como mínimo se prolongará hasta enero, con lo cual las organizaciones populares debemos administrar nuestras fuerzas porque no solo la apertura va a ser rodeada de una movilización con una enorme convocatoria y repercusión nacional, también en otras plazas y calles del país, sino que va a haber muchos otros momentos a lo largo del juicio, donde más allá de la permanente atención que tengamos sobre el caso, sabemos que es imposible mantener la movilización en la calle durante lunes, martes y jueves por 6 o 7 meses. Hay momentos en que sabemos que saldremos a convocar nuevamente la presencia popular cuando declaren nuestros testigos, los compañeros que fueron víctimas de este ataque que deben hacerlo frente a una sala que sea una verdadera tribuna popular que pueda escucharlos. Esos compañeros, que como bien lo sabe Lisandro porque muchos son sus propios compañeros de militancia, y de otras organizaciones hermanas, no dudaron un segundo en ponerse a disposición de las querellas para poder prestar su testimonio aun al precio de ser imputados ellos mismos en otras causas penales.

Varios que van a declarar, que fueron testigos presenciales, vieron a los asesinos, vieron caer a Mariano, tuvieron que sufrir en este año y medio transcurrido, grandes persecuciones políticas, incluso a través de causas judiciales. Merino y Ospital de la agrupación “Causa Ferroviaria” recién hace un mes fueron sobreseídos por la Cámara Federal de La Plata por una causa iniciada por los propios policías que hoy están imputados por el asesinato de Mariano, los comisarios Mansilla y Ferreyra. Lo mismo sucedió con compañeros de otras organizaciones que todavía están procesados por extorsión, por haberse movilizado reclamando el cumplimiento de obligaciones hacia los trabajadores. En marzo de 2011, vendedores ambulantes, Tendencia Piquetera Revolucionaria, etc., fueron acusados por este grupo de policías que son los mismos que estuvieron en el lugar mientras el comisario Lompizano y el resto dirigían el operativo desde la Sala de Situación de la Policía Federal. También sucedió con muchos otros trabajadores ferroviarios que han podido ser sobreseídos en todos los casos acusados por el mismo Juez Federal de Quilmes.

Sabemos que es una pelea larga y un capítulo más de la lucha eterna que solo va a terminar el día que de esa matriz de la historia que es la lucha de clases salga el triunfo de la clase trabajadora y quienes nos gobiernen no sea esta entente que estamos enfrentando en este proceso.

Quien crea que por los meandros de la justicia va a lograr el castigo está soñando

CR: Insisto en que este es un juicio político. Quien crea que por los meandros de la justicia se va a lograr el juicio y castigo por el crimen de Mariano Ferreyra está soñando. Lo que se obtuvo fue fruto de una movilización política. La Masacre de Once pudo haber sido evitada si había una investigación a fondo sobre la UGOFE porque planteaba el tema del papel parasitario de la patria concesionaria y del destino que le daban a los subsidios para su propio aprovechamiento y no para invertir en los servicios públicos.

Creo que tenemos que comprometernos para que en cada lugar de trabajo haya una especie de diario semanal de lo que vaya pasando en el juicio porque de esa manera vamos a involucrar al trabajador en su lugar y convertir esto en un juicio popular.

MCV: Así como Pedraza fue el instrumento de la clase dominante para llevar adelante la parte material del ataque y la policía, la empresa y los funcionarios de los ministerios cumplieron con su rol, también los juzga un aparato judicial que no es precisamente una organización al servicio de los trabajadores, por eso yo señalaba antes la obligación de estar presentes.

En el mismo sentido que lo decía Christian de llevar la información de lo que suceda en el juicio a todos los lugares de trabajo, sé que el Partido Obrero va a tener un Diario del Juicio en su página web, nosotros en la página de CORREPI hemos abierto un blog donde también vamos a publicar semanalmente el resumen de las 3 audiencias y le pedimos a todos en sus casas, en sus trabajos, entre sus amigos, que hagan circular esa información, la difundan, le den cabida en todas las prensas, en todos los ámbitos de discusión porque efectivamente este es un juicio que solo va a tener sentencia con algo parecido a la justicia si se involucra el conjunto de los trabajadores y el pueblo.

MH: El lunes no solo en Buenos Aires, también en Rosario convocan a una movilización a las 18:00 reclamando justicia por Mariano, perpetua a Pedraza y castigo a todos los responsables.

No quiero terminar el programa sin que hagamos alguna referencia a la situación de Elsa Rodríguez que fuera gravemente herida en Barracas. Aquí estuvimos publicitando el CD “Cuerpo” de próxima aparición, que su recaudación va a estar destinada a financiar su recuperación y también en algún momento mencionamos la cuenta abierta en el Banco Credicoop que tenía el mismo fin. ¿Cómo se encuentra ella que salvó milagrosamente su vida?

LM: Ella tuvo un disparo en la cabeza y cuando cayó había perdido parte de la masa encefálica. Era una situación muy crítica, tanto como la del conductor de la ambulancia que nos socorrió y tuvo que llevar 4 cuerpos porque la policía era indiferente ante la situación.

Elsa está en una recuperación favorable pero va a tener secuelas de por vida. Tiene una parte de su cuerpo inmóvil. Está haciendo un proceso de recuperación en el lenguaje. Entiende, se emociona, canta, pero no habla todavía. Posiblemente esté en la sala del Tribunal.

MH: ¿Va a poder declarar?

LM: Tal vez no, no creo, pero va a estar en la sala, sabiendo que la emoción para ella va a ser muy grande. Va a ser un peso muy grande para el juicio. Su presencia es emblemática. Su recuperación se dará con el tiempo porque es una cosa pesada. Te comentaba antes que ella se estaba yendo porque era parte de las personas que habían sido heridas a piedrazas.

MH: En realidad todos los manifestantes se estaban retirando.

LM: Sí, pero ella más porque cuando nos atacó la patota un grupo volvimos al lugar para que el resto pudiera irse porque sino hubiera sido una masacre. Ella estaba a 150/200 metros del lugar donde se produjeron los disparos y únicamente un arma de importante calibre puede llegar a esa distancia, lo cual desmiente los dichos de que tiraban contra el suelo porque a Elsa le pegaron en la cabeza.

Post scriptum

“Los trabajadores defendieron sus fuentes de trabajo”, se lo escuchó decir a José Pedraza, máximo dirigente de la Unión Ferroviaria, para justificar lo ocurrido aquel 20 de octubre.

Veinte años antes, el mismo Pedraza había acompañado a Carlos Saúl Menem durante la firma del decreto de la creación de la empresa Ferrocarril Metropolitano S. A. (Femesa) que llevó adelante el proceso privatizador de los trenes. Instante crucial en el que Pedraza asumió su rol como empresario.

En febrero de 2011, lo detuvieron en su departamento de más de 200 m2 valuado en U$S 1.000.000 imputado en la causa por el homicidio de Mariano Ferreyra. Un departamento que -extrañas contradicciones de la vida- está ubicado en la calle Azucena Villaflor. Poco después, la Unión Ferroviaria decretaba paro y movilización en apoyo a su máximo referente sindical.

Extractado de “La última estación de Mariano” de Claudia Rafael.

En el Roca, con la llegada de UGOFE y con luz verde gremial, hubo en la época de esplendor de las tercerizadas por lo menos quince empresas de ese tipo en manos de burócratas sindicales y empresarios amigos, como el Grupo Roggio (concesionario del Subte), el Grupo Romero y el Grupo Cirigliano. Estas tercerizadas emplean -decían entonces- 1.500 obreros que desempeñan tareas propias del ferrocarril. A ellos les pagan el 45% del salario ferroviario y los dividen en varios gremios (Maestranza, UOCRA, Comercio, etc.), para impedir toda acción de defensa colectiva.

El primer anuncio de los medios luego del asesinato de Ferreyra fue una “remake” de lo sucedido con los asesinatos de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, cuando Clarín, en tapa, planteara “la crisis causó dos muertes”. En este caso el primer titular fue: “Un muerto por enfrentamiento entre bandos sindicales”.

Para tener en cuenta el nivel inédito de saqueo al que se ha llegado (al que contribuyen el gobierno, los gremios del riel y la concesionaria UGOFE), hay que revisar estos datos: para que los trenes funcionaran en 1989 se destinaba u$s 1.000.000 diarios al ferrocarril, según el periodismo filo privatizador de aquella época era plata tirada. En el año 2009 se destinaron para el funcionamiento u$s 5.750.000 diarios. (CNRT, UGOFE y www.sateliteferroviario.com.ar)

Transportar una tonelada de granos 500 km. en camión cuesta u$s 0,7 por km. La misma cantidad cargada en un ferrocarril baja a u$s 0,2. Pero a pesar de estas diferencias en los valores se transporta un 90% en camión y un 6% en tren. El valor de los productos en los comercios minoristas está alterado, cuesta lo mismo 1 kilo de pomelos que proviene de Israel que 1 kilo de pomelos de Jujuy.

“Mover un container de soja desde Salta al puerto de Buenos Aires por camión cuesta más caro que llevar un contenedor de Shangai a Buenos Aires” Martín Bellagamba, directivo de la Empresa Alimar.

Los trabajadores informales en el año 2010 son el 35,8%, hay 4.200.000 personas en esa situación y de 2009 a 2010 se sumaron 110.000 más a la cifra de trabajadores en negro. Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (Clarín 17/12/2010)

Datos extraídos del libro Mariano Ferreyra: Un crimen de Estado contra la clase obrera de Lisandro Martínez.