Salud mental en la Ciudad de Buenos Aires

Desde los inicios del actual gobierno del Ing. Macri en la ciudad de Buenos Aires (a principios de 2008), se anunció de forma sorpresiva la puesta en marcha de un supuesto y nuevo “Plan de Salud Mental” que no fue consultado en tiempo y forma, ni con el Consejo General de Salud Mental en su función de órgano de asesoramiento, como así tampoco e insólitamente, con la autoridad del área, la Dirección Adjunta de Salud Mental, instancia que también fuera desjerarquizada en esos tiempos, por dichas autoridades.
Este “Plan” anunciado muy mediáticamente, tanto por el Jefe de Gobierno como por el Ministro de Salud, Dr. Jorge Lemus, expresaba un inesperado y llamativo interés, por transformar la indigna situación de más de 1.800 pacientes mujeres y hombres, internados en los hospitales Moyano y Borda. Para ello, se había estipulado la construcción de diez “Centros de Internación” de cincuenta camas cada uno, la de un “Centro de Evaluación y Derivación”, doce “Hospitales de Día” y un número no precisado de “Casas de Medio Camino”, invocándose a la Ley 448, y concretando el impactante anuncio de que se iban a cerrar los hospitales Borda, Moyano y los Talleres Protegidos de Rehabilitación, disponiendo de sus terrenos para la construcción de un “Centro Cívico” (centro diseñado para trasladar y emplazar, al conjunto de organismos y sedes del Gobierno de la Ciudad).
Este referido anuncio sobre el cierre de dichos hospitales neuropsiquiátricos, que era según la ocasión, negado o afirmado por las diversas autoridades, iba generando un estado de incertidumbre (y sus consecuencias) entre los pacientes fundamentalmente, y también los trabajadores y profesionales de los hospitales afectados. Al poco tiempo, se presenta el llamado a licitación para sólo siete “Centros de Internación” y un “Centro de Evaluación y Derivación”, situación esta que sumaba mayor incertidumbre, al momento de considerar que las cuentas no cerraban. Puesto que, considerando siete nuevos centros de internación, que se ocuparían con 350 pacientes en total, surgía el inevitable interrogante de: ¿Adónde irían los casi 1500 pacientes restantes, sino se preveía la construcción de otros dispositivos para la externación?
Consecuentemente y desde el Consejo General de Salud Mental, se denunció de forma constante, los arbitrios de este “Plan”, que no sólo transgredía los lineamientos de la Ley 448, sino que también contradecía los principios de la Atención Primaria de la Salud, en cuanto a la atención en red y proximidad al domicilio de la persona que se asiste (además de fomentar también la discriminación y segregación de las personas con padecimiento mental). Ya a esta altura era obvio, que dicho plan, no había surgido desde la “visión” de los funcionarios del área de salud y salud mental, sino desde la “usina” donde se gesta gran parte de las acciones del actual gobierno: el Ministerio de Desarrollo Urbano.
Pese a las desmentidas, se avanzaba decididamente tras un objetivo, que para nada tenía que ver con una genuina preocupación por el destino de mujeres y hombres que indignamente siguen padeciendo el encierro, sino con el criterio perverso de plasmar un fabuloso negocio inmobiliario, integrando nuevas construcciones, con la revalorización de las tierras aledañas, al futuro “Centro Cívico”. Vale aclarar que esto sólo es posible por cuanto la zona de Barracas, es una de las pocas zonas pasibles de tal destino en la ciudad. Hoy el precio del m2 en dicha zona es equivalente al precio en que se cotiza el barrio de Palermo. Algunos analistas asocian este proyecto, con el fuerte vínculo del Jefe de Gobierno, con el empresario de la construcción Nicolás Caputo, ex asesor “honorario” de su gabinete y el mayor aportante financiero en la reciente campaña electoral del PRO-Michetti ($ 225.000.-).
A este innegable criterio mercantilista, propio de las políticas de privatización y arrasamiento de lo estatal e inherentes al modelo neoliberal (hoy resurgido desde las entrañas del propio gobierno macrista), asiste el criterio ideológico de plasmar un modelo de atención de salud y salud mental, reducido a una mínima expresión, con servicios acotados para la atención de una población empobrecida y que no ostenta ningún tipo de cobertura privada.
Para confirmar lo que se preveía que iba a ocurrir, en el área de la salud mental estatal de la ciudad, el gobierno está accionando:
1.- El cierre del pabellón central del Hospital Borda, que concentra el mayor número de pacientes internados, a partir de la falta de mantenimiento de las instalaciones de gas y electricidad y que paradójicamente, el mismo gobierno no ha realizado. Para ello, dio a conocer la implementación de un listado de subsidios, asignados a más de cien pacientes, sin ningún tipo de evaluación clínica-social y que transgrediendo sus derechos a la protección de sus identidades, sus nombres fueron dados a conocer públicamente en el boletín oficial. También que entre esos pacientes, se detectó que había once de ellos que estaban fallecidos desde hace años… Este intento, que fue resistido por parte de los trabajadores y profesionales del hospital (resulta llamativo la poca resistencia al embate, de parte de algunas representaciones gremiales y profesionales del mismo), apuntaba a un traslado masivo de pacientes a clínicas privadas, como ya se había realizado en anterior ocasión, en el Hospital Moyano, ante una intervención de la Justicia. Cabe consignar que el Borda cuenta con un gran pabellón, el “Amable Jones”, recientemente reciclado a nuevo y listo para su utilización, y que no se reabre para su utilización, porque aparentemente se lo habría asignado al Ministerio de Desarrollo Social, como un adelanto del destino próximo del hospital…
2.- Cortar el suministro de gas del Hospital de Emergencias “Alvear”, también por deficiencias en sus instalaciones y en pleno invierno, a partir de también no haber realizado su necesario mantenimiento, pero que por la resistencia de sus trabajadores movilizados, se ha neutralizado por el momento (táctica que obligaba a derivar a los pacientes a clínicas privadas…). Vale destacar que también los amplios terrenos de dicho hospital, están en la mira de las autoridades para ser destinados a otros “menesteres”, proyectando que sólo quede un servicio reducido de atención de salud mental.
3.- El nombramiento de un profesional médico para el cargo de Director Adjunto de Salud Mental, que no cuenta con la idoneidad necesaria para el cargo, en cuanto a su desconocimiento sobre salud mental, además de tener serios cuestionamientos y denuncias sobre su proceder para con pacientes y trabajadores. Esta acción se enmarca en una forma autoritaria de conducir y que no respeta consensos y procedimientos democráticos, imprescindibles para una transformación en el área. Es indudable, la necesidad de poder contar por parte del gobierno, con “mano de obra” dispuesta a realizar el “trabajo sucio” que se impone de aquí en más, para llevar a cabo el proyecto inmobiliario de la salud mental de la ciudad.
4.- Ya como prueba irrefutable del proyecto gubernamental, acaba de entrar en la Legislatura de Bs As, el expediente remitido por el ejecutivo (Macri), para el llamado a licitación del “Centro Cívico”, con datos llamativos, como por ejemplo, el de asignar a la empresa que se contrate, el usufructo de gran cantidad de edificios que pertenecen al área de Salud y que tienen ubicaciones de alto valor inmobiliario.
Si bien y en una primera etapa se ha focalizado este avasallamiento del gobierno, en el área de la salud mental estatal de la ciudad, el avance de la “lógica inmobiliaria”, no se detendrá, y de hecho ya se sabe la apetencia por otros terrenos en los que se encuentran hospitales generales y especializados: el Hospital Rivadavia (al que se lo está dejando “caer” y que su valor, por la zona en la que está situado –Barrio Norte- es multimillonario); el Hospital de Enfermedades Infecciosas “Muñiz”, que está casi contiguo al Borda y el Hospital de Gastroenterología “Udaondo”, también próximo al Muñiz.
Para finalizar, aclarar que la defensa irrestricta de los hospitales ex neuropsiquiátricos, no debe ser pasible de confusión. Esto es, que defender los terrenos y sus instalaciones, y obviamente la estabilidad de sus trabajadores, no deja de lado su necesaria y legal transformación, de acuerdo al proceso de desinstitucionalización, establecido por la Constitución de la Ciudad y la Ley 448 de Salud Mental. Lamentablemente, el discurso perverso del gobierno y de los medios de comunicación “adictos”, intentan confundir a la sociedad, al presentar y publicitar su proyecto inmobiliario, como un “progresista” proceso de desmanicomialización…
Ante la gravedad de la situación planteada, queda expuesto el interrogante de cómo plasmar una resistencia consistente, que confronte a esta maquinaria mercantilista avasallante, y que ineludiblemente tiene que concretarse más allá de los espacios específicos de la salud mental, y esto implica informar, convocar y comprometer a otros sectores de la comunidad, como ser: organizaciones culturales, sociales, políticas, asamblearias, profesionales y gremiales. La Salud Mental como campo de intervención, es inherente y por lo tanto de responsabilidad de todas y todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.