Nos encontramos próximos al tiempo límite que nuestra Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 26.657 plantea para el cierre y sustitución de los hospitales monovalentes. Hace 9 años atrás la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones nos llenaba de expectativas, desafíos y luchas por-venir. Esta fecha se acerca, pero no del modo en que lo pensamos y anhelamos allá por el 2010.
Los datos que arrojó el Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental llevado a cabo este año confirma lo que hace tiempo venimos denunciando y visibilizando: 12.035 personas internadas en hospitales monovalentes, continuidad de vulneración de derechos humanos, internaciones prolongadas, falta de dispositivos sustitutivos y de políticas públicas con base en la comunidad, y la persistencia de gran cantidad de manicomios (privados y estatales) en todo el territorio nacional.
De quienes estamos internadas/os, menos de la mitad firmamos consentimiento, y más de la mitad continuamos internados sólo por no poseer dónde vivir. Sostenemos que para que la ley se cumpla tenemos que ser protagonistas, tenemos que involucrarnos. Tenemos que encontrarnos unidas/os, fuertes y convencidas/os de que otras prácticas son posibles.
Debemos seguir fortaleciendo el surgimiento y la organización de asociaciones, instituciones y grupos de usuarias/os que defienden sus derechos. ¿Por qué aun en algunas provincias de nuestro país no se ha conformado el Órgano de Revisión Local? Este órgano de contralor es el que tiene el deber de monitorear y garantizar el cumplimiento de la ley nacional y denunciar las vulneraciones de los derechos de los sujetos internados en los hospitales monovalentes.
En función de esto, se convierte en un reclamo urgente la constitución y puesta en funcionamiento de los mismos y la necesidad de que las/os usuarias/os participemos. Según la LNSM las/os usuarias/os de los servicios de salud mental tenemos derecho a recibir atención integral, humanizada, de acceso gratuito. Derecho a que el tratamiento que recibamos sea el que menos restrinja nuestros derechos y libertades, que sea cerca de nuestras familias y afectos, en nuestra comunidad. Tenemos derecho a que se preserve nuestra identidad y a que nuestras voces sean tenidas en cuenta.
También tenemos derecho a ser acompañados en los procesos terapéuticos, a ser informados de los mismos, a conocer todas las alternativas de tratamiento, a firmar un consentimiento informado acerca de nuestro tratamiento, a sacarnos todas las dudas que tengamos, a participar activamente de las decisiones que atañen al tratamiento y a nuestra vida. Tenemos derecho a vivir en una vivienda y no en una institución de encierro ni en la calle. Tenemos derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.
Tenemos capacidad y tenemos derechos al trabajo, a incluirnos socialmente como cualquier persona. A ser tratados sin discriminación. Las mujeres debemos ser respetadas ya que sufrimos terriblemente la lógica manicomial y patriarcal, y la aplicación sin consenso de malos tratos sobre nuestros cuerpos. Las diversidades sexuales deben ser respetadas, tanto en el ámbito de la salud como en la sociedad en su conjunto.
No podemos ser objeto del maltrato y la discriminación bajo un criterio excluyente de normalidad que solo genera más violencia social y malestar.
Por todo esto, seguimos reclamando el respeto a cada uno de nuestros derechos, por un proceso de atención y cuidados que respete nuestra singularidad y que tenga en cuenta nuestra opinión, que tenga en cuenta lo que sentimos, pensamos y queremos. Nuestra voz tiene que ser oída y cada vez con más fuerza. Tenemos que seguir potenciando nuestros espacios de discusión y de lucha colectiva, tenemos que tejer redes, participar, reclamar porque esta lucha es de todas/as. Poner el cuerpo, teniendo como bandera cada uno de nuestros derechos.
Creemos que un camino que apunte a esto debe ser cerrando los manicomios y abriendo nuevos dispositivos y servicios con base en la comunidad, diseñando políticas públicas que vayan en sintonía con la Ley 26.657. También resulta imperioso interrogar y discutir los modos de pensar y de hacer del paradigma tutelar y manicomial, lógicas que traspasan los muros del hospital monovalente y se enraízan en trabajadores, en familiares, en la sociedad y en diversas prácticas. Esta batalla, también tenemos que darla.
Debemos luchar por una vida digna, independiente y autónoma. Por nuestra inclusión en el tejido social, por abrir el campo de lo posible. Creando espacios, habitándolos, poniéndole cuerpo y voz, entre todas/os lograremos un mundo menos injusto, con más derechos. Un mundo más humano, menos cruel.
Seguimos alzando nuestras voces, afirmando:
¡El encierro no cura!
¡Sin derechos no hay salud mental!
¡Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs!
ASAMBLEA DE USUARIOS/AS DE SALUD MENTAL POR NUESTROS DERECHOS
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